El 3 de abril de 2026, el sector agroindustrial argentino, encabezado por la Sociedad Rural Argentina y el Consejo Agroindustrial Argentino, salió a cuestionar con dureza el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 que suspendió 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, al advertir que la medida afecta la seguridad jurídica, la inversión y el empleo, en un contexto donde el campo necesita previsibilidad para sostener su actividad.

La resolución judicial frenó la vigencia de una parte sustancial de la norma recientemente sancionada, lo que generó una rápida reacción de las principales entidades del agro. En un escenario atravesado por la volatilidad del precio de los granos, el costo creciente de los insumos y la necesidad de sostener la rentabilidad, el sector considera que este tipo de decisiones impacta directamente en la planificación productiva, desde la siembra hasta la cosecha.

Desde la Sociedad Rural Argentina remarcaron que la ley era clave para brindar previsibilidad al entramado productivo. "Se trata de defender empleo y previsibilidad para todo el país, incluido el campo: reglas claras, inversión y trabajo digno para el mundo rural", señalaron. En esa línea, enfatizaron que "la seguridad jurídica no es lujo: es la base para plantar, cosechar y contratar", un concepto central en un sistema productivo que depende de decisiones de mediano y largo plazo.

La entidad también advirtió que la incertidumbre normativa puede traducirse en pérdida de competitividad. "Sin reglas estables, el campo pierde competitividad y empleo", indicaron, marcando el impacto que este escenario puede tener no solo en la producción agrícola, sino también en la ganadería y en toda la cadena de valor de los agronegocios.

En paralelo, el Consejo Agroindustrial Argentino expresó su preocupación por las consecuencias que puede generar el fallo en el clima de inversión. La entidad sostuvo que, más allá del respeto por la división de poderes, una medida de estas características "atenta contra la estabilidad jurídica y el funcionamiento económico del país", afectando la confianza necesaria para impulsar proyectos productivos y exportadores.

El CAA recordó que la Ley de Modernización Laboral fue aprobada tras un amplio debate legislativo y con respaldo en ambas cámaras, lo que refuerza la preocupación por su suspensión parcial. En ese sentido, advirtió que la medida no debe analizarse como un hecho aislado, sino como un factor que introduce dudas sobre la institucionalidad y la previsibilidad en la Argentina.

En un contexto donde el agro es uno de los principales motores de generación de divisas, la falta de claridad normativa puede impactar en decisiones clave como la incorporación de tecnología, la tecnificación de procesos, la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA) y el desarrollo de esquemas de valor agregado en origen.

Además, desde el Consejo Agroindustrial subrayaron que la falta de previsibilidad incide de manera directa en el desarrollo productivo, afectando tanto a grandes empresas como a productores medianos y pequeños que dependen de condiciones estables para sostener su actividad y acceder a financiamiento.

El debate también abre interrogantes sobre el impacto en el empleo rural, un aspecto central en las economías regionales. La posibilidad de cambios o retrocesos en el marco laboral genera incertidumbre en la contratación de mano de obra, especialmente en actividades intensivas que requieren planificación anticipada.

En este escenario, las entidades del campo coincidieron en la necesidad de que las discusiones sobre reformas estructurales se den en el ámbito del Congreso, respetando los procesos institucionales y garantizando reglas claras. Mientras tanto, el fallo introduce un nuevo foco de tensión en el vínculo entre el sector productivo y el marco regulatorio, en un momento donde la estabilidad aparece como una condición indispensable para sostener la inversión, el empleo y la competitividad del campo argentino.