El Consejo de Mayo vuelve a marcar el pulso del reordenamiento productivo que impulsa el Gobierno. Esta vez, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó un paquete de reformas que impactará de lleno en el agro: la liberación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, la actualización de la Ley de Bosques, el cambio del régimen de incendios que impedía modificar la actividad productiva por décadas y una modernización del trabajo agrario dentro del proyecto de reforma laboral.

Según Adorni, el objetivo es "poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento". El punto más sensible es la modificación al régimen de tierras, aún bajo una medida cautelar impulsada por el Cecim que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras de 2011 a través del DNU 70/2023. Pese a ese litigio, el funcionario fue categórico: "Se libera la compra por parte de privados extranjeros". La iniciativa busca desarmar los límites vigentes -como el tope del 15% de titularidad extranjera y las 1000 hectáreas máximas en zona núcleo- aunque en el sector inmobiliario rural advierten que, mientras la cautelar siga activa, cada inversor deberá actuar "con asesoramiento legal y cautela".

Otro de los ejes fuertes es la modificación de la Ley de Bosques (26.331), una norma que volvió al centro del debate. Para el Gobierno, la ley necesita una actualización que permita dinamizar inversiones y dar mayor flexibilidad en áreas de producción. Para la Sociedad Rural Argentina, en cambio, el cambio debería ir más lejos. Su referente en sostenibilidad, Andrés Costamagna, fue contundente: "La ley no ha cumplido su fin; ha sido creadora de pobreza estructural y limita inversiones". Señaló, además, que durante su vigencia solo se giró entre 5% y 7% de los fondos comprometidos para proteger bosques, según informes de Fundación Vida Silvestre. Por eso, desde la entidad sostienen directamente la derogación y la ejecución de modelos basados en incentivos de mercado como el mercado de carbono.

Costamagna también cuestionó los efectos provinciales de la norma: "Ha servido para crear policías ambientales que persiguieron a productores y familias, generando estructuras con vicios propios y espacios de poder", afirmó.
El anteproyecto del Consejo de Mayo incluye flexibilizaciones para desmontes en zonas verdes (categoría III), que solo requerirían informar a la autoridad ambiental, mientras mantiene las restricciones en zonas rojas (categoría I). También incorpora evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para desmontes y otras de carácter condicionado para manejos sostenibles.

Otro capítulo relevante es la Ley de Acuicultura, donde el Gobierno propone permitir la producción tanto en ambientes naturales como artificiales y otorgar a provincias y Nación la potestad plena para definir exigencias y parámetros de sustentabilidad. La actividad, de crecimiento en países vecinos, es vista como una oportunidad para diversificar exportaciones.

Quizás uno de los cambios más polémicos es la eliminación de la prohibición que impedía cambiar el uso productivo de un campo incendiado durante 30 a 60 años. Adorni calificó esa normativa como "una ley que atenta directamente contra la producción". Con la reforma, los productores afectados podrían reconvertir actividades sin esperar décadas, aunque especialistas advierten que será clave evitar incentivos perversos sobre áreas con valor ambiental.

Finalmente, el Consejo incorpora en el proyecto de Modernización Laboral una serie de cambios en el régimen del trabajo agrario, aunque el Gobierno aún no difundió detalles. En el sector esperan una actualización del sistema de registración, cambios en modalidades de contratación y mayor alineación con los marcos generales de la reforma laboral.

Aunque todavía resta el debate parlamentario, el paquete sintetiza la visión oficial: desregulación, incentivos a la inversión y un nuevo equilibrio entre producción y ambiente. Las discusiones recién empiezan, pero el impacto en la estructura agraria será inevitable