La política de reducción de retenciones ya tiene números claros y contundentes: en dos años, el Gobierno le devolvió al sector agropecuario US$1950 millones, según un informe del economista Franco Artusso (Ieral - Fundación Mediterránea). Más allá del debate político, la pregunta central para los productores es siempre la misma: ¿cuánto mejora la rentabilidad por hectárea?

La respuesta depende de la zona, del régimen de tenencia y de los rendimientos, pero la tendencia es inequívoca. En la zona núcleo, un productor propietario de campo propio mejora su margen neto en US$76 por hectárea, mientras que un arrendatario obtiene una mejora de US$38. En la región extrapampeana, dueños y arrendatarios reciben incrementos de US$58 y US$52, respectivamente.

El cálculo parte de un modelo estándar: 500 hectáreas, rotación 50% soja - 50% maíz y rendimientos promedio por región. La baja de alícuotas -hoy entre 27% y 37% menores que las vigentes en 2023- explica esa mejora directa.

Pero Artusso advierte que la foto completa es menos optimista. Aun con la baja, la carga tributaria total sigue siendo "muy elevada": entre 53% y 73% para productores de la zona núcleo, y entre 67% y 123% para productores extrapampeanos. El dato más preocupante es ese último porcentaje: cuando la carga supera el 100%, la actividad se vuelve inviable, especialmente en zonas marginales donde los alquileres y la distancia a puerto juegan en contra.

El economista sostiene que esta realidad refuerza la necesidad de continuar con el proceso de reducción. Para muchas tierras hoy inactivas o de baja rentabilidad, un esquema tributario más liviano podría reactivar la frontera agrícola, volver rentables superficies marginales y recomponer incentivos.

El Ieral también proyectó lo que será la recaudación por Derechos de Exportación (DEX) en 2026 con las nuevas alícuotas: aproximadamente US$5030 millones, contra casi US$7000 millones que habría ingresado si se hubieran mantenido las tasas de 2023. La diferencia -los ya mencionados US$1950 millones- es el "alivio fiscal" acumulado para el sector. Solo la última baja implica un impacto fiscal anual de US$520 millones, equivalente a una cuarta parte de ese monto.

Artusso, sin embargo, introduce una advertencia clave: las provincias y municipios pueden anular parte del alivio si continúan aumentando tasas y alícuotas propias. Sin una coordinación tributaria interjurisdiccional, cualquier mejora nacional corre riesgo de diluirse. "Sin reglas claras y permanentes, y con medidas transitorias como las que se vieron este año, la capacidad de inducir inversión queda acotada", subraya.

La lectura final es doble: por un lado, la baja de retenciones mejora márgenes y devuelve competitividad, especialmente en zonas de alta productividad. Pero por otro, deja al desnudo un sistema tributario que sigue siendo opresivo, heterogéneo y distorsivo, y que todavía impide que miles de hectáreas vuelvan a ser rentables.

La discusión está lejos de terminar. Pero, al menos por ahora, el campo recibió un alivio tangible, medible y -si se sostiene en el tiempo- capaz de transformar decisiones de siembra y de inversión.