BUENOS AIRES - El 1° de marzo de 2026, en la apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei prometió continuar con la baja de retenciones "de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita" y anunció que impulsará un régimen de innovación en semillas para fortalecer la propiedad intelectual. El mensaje impacta de lleno en el campo porque condiciona la reducción de los derechos de exportación al equilibrio de las cuentas públicas y reabre un debate histórico sobre la actualización de la ley de semillas, vigente desde 1973.

"El sector agropecuario también tendrá su revolución", afirmó el mandatario, y planteó una meta ambiciosa: producir 300 millones de toneladas de granos, más del doble del volumen actual. Para lograrlo, vinculó el salto productivo con un esquema que otorgue mayor protección a los innovadores en semillas, bajo el argumento de que la Argentina no puede quedar rezagada en biotecnología frente a Brasil o Estados Unidos.

Hoy la estructura de retenciones sigue siendo determinante en la ecuación del productor: la soja tributa 24%, el trigo y la cebada 7,5% y el maíz 8,5%. El Gobierno ya tuvo idas y vueltas el año pasado con rebajas temporales y suspensiones parciales. Ahora, la continuidad de la reducción queda atada explícitamente al superávit fiscal, una condición que introduce cautela en el sector por la falta de un cronograma concreto hacia el esperado "cero".

En paralelo, el Presidente puso el foco en la brecha tecnológica con Brasil. Mientras la Argentina se mantiene estancada en torno a 50 millones de toneladas de soja, el país vecino apunta a 180 millones. La diferencia no es solo de superficie: también pesa el acceso a biotecnologías. Actualmente, el país cuenta con tres eventos en soja, frente a cinco en Brasil y siete en Estados Unidos. Además, el rinde promedio brasileño ronda las 3,5 toneladas por hectárea, contra 2,9 toneladas locales.

En ese contexto, Milei cuestionó que Brasil triplique su producción con semillas desarrolladas por empresas argentinas que, según señaló, no pueden comercializarse plenamente en el mercado interno por limitaciones regulatorias. El debate gira en torno a la propiedad intelectual y el uso propio: hoy el productor puede guardar parte de su cosecha para resembrar en la campaña siguiente, una potestad que sectores productivos buscan preservar. Desde la industria, en cambio, reclaman mayores garantías para evitar abusos y estimular inversiones en genética.

El trasfondo es el eventual avance hacia UPOV 91, el tratado internacional que otorga mayor protección a la innovación en semillas. La adhesión ya estuvo en discusión en distintos gobiernos y formó parte de la primera versión de la Ley Bases, aunque luego fue retirada. También durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández hubo intentos de reforma que no prosperaron por resistencias políticas y sectoriales.

Ante la falta de una nueva ley, surgieron esquemas privados como Sembrá Evolución, que ya cubre más de cuatro millones de hectáreas y permite el acceso a nuevas variedades bajo pago de regalías. El sistema, sin embargo, no está exento de cuestionamientos por parte de productores que consideran exigentes algunas cláusulas contractuales.

El planteo oficial combina dos ejes estratégicos para el agro: menos presión impositiva en la medida que las cuentas públicas lo permitan y mayor protección a la innovación tecnológica para cerrar la brecha productiva con la región. El desafío será equilibrar ambos objetivos sin afectar la competitividad inmediata del productor ni desalentar inversiones de largo plazo.

En un escenario global donde la demanda de alimentos sigue firme y la competencia regional se intensifica, el mensaje presidencial marca el rumbo. Pero el campo advierte que para alcanzar las 300 millones de toneladas no alcanzan los objetivos discursivos: harán falta reglas claras, previsibilidad fiscal y un marco equilibrado en semillas que incentive tanto al productor como al desarrollador tecnológico.