BUENOS AIRES - El 1° de marzo de 2026, durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei prometió que continuará la reducción de retenciones "en la medida en que el superávit fiscal lo permita" y planteó como meta llevar la producción a 300 millones de toneladas de granos, más del doble del volumen actual. El anuncio es clave para el sector agropecuario porque condiciona la baja de los derechos de exportación al equilibrio fiscal y abre el debate sobre una eventual reforma del régimen de propiedad intelectual en semillas, dos variables centrales en la competitividad del campo argentino.

La reacción de la dirigencia agropecuaria fue mayormente positiva, aunque con matices. Desde la agroindustria exportadora, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, celebró la meta productiva y sostuvo que alcanzar los 300 millones de toneladas será posible con una eliminación paulatina de retenciones y mayor incorporación de tecnología en soja, tomando a Brasil como referencia. "Ese debe ser el espejo para salir del estancamiento productivo y exportador", afirmó, en línea con una visión que vincula directamente presión fiscal, inversión y salto productivo.

En la Federación Agraria Argentina, su presidenta Andrea Sarnari valoró que el Presidente haya puesto al campo en el centro de la recuperación económica y destacado la necesidad de mejorar infraestructura, financiamiento y sistemas de riego, claves para las economías regionales. Sin embargo, remarcó que la eliminación de retenciones debe ser escalonada pero firme, con reglas claras y sin delegaciones excesivas al Poder Ejecutivo. También expresó preocupación por una posible adhesión a UPOV 91, al señalar que la actualización del régimen de semillas debería enmarcarse en UPOV 78, para no afectar derechos de los productores.

Desde la Sociedad Rural Argentina destacaron que el mandatario haya vuelto a ubicar al agro como eje del crecimiento, la apertura comercial y la inserción internacional, y remarcaron que con previsibilidad y confianza en el sector privado el campo responde con inversión y producción. En la misma línea, Lucas Magnano, titular de Coninagro, sostuvo que para alcanzar la meta productiva será "totalmente necesario" avanzar hacia la eliminación de retenciones, recordando que tras la baja en trigo se logró la mayor cosecha histórica.

Más cauto fue Ignacio Kovarsky, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), quien advirtió que condicionar la reducción de derechos de exportación al resultado fiscal deja al sector sin un horizonte certero. "No hay en ese sentido un horizonte claro", planteó, sintetizando una de las principales inquietudes del interior productivo: la necesidad de previsibilidad para planificar inversiones de largo plazo.

El discurso dejó en claro que el Gobierno apuesta a un modelo de apertura económica, crecimiento del comercio exterior y superávit fiscal como pilares del desarrollo. Para el agro, la ecuación es directa: sin alivio en la carga impositiva -con la soja todavía en torno al 26%- y sin reglas estables en materia de semillas y comercio exterior, será difícil competir de igual a igual con Brasil, Paraguay o Estados Unidos.

La meta de 300 millones de toneladas representa una señal ambiciosa y un reconocimiento explícito del potencial productivo argentino. Pero el propio sector advierte que ese salto requerirá más que un objetivo discursivo: demandará inversión, tecnología, infraestructura, financiamiento y, sobre todo, certezas fiscales y normativas. En ese espejo que el oficialismo propone mirar, el campo coincide en el rumbo general, pero pide algo esencial para dar el salto: reglas claras y previsibilidad real.