El sector de maquinaria agrícola advirtió el 27 de marzo de 2026 que el piso de US$150.000 del Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI) deja afuera gran parte de las inversiones reales del campo argentino, impulsadas por productores y contratistas, y pidió al Gobierno ajustar la reglamentación para mejorar la rentabilidad y sostener la inversión en los agronegocios.

El cuestionamiento surge porque el esquema actual de incentivos fiscales, que incluye amortización acelerada y devolución anticipada de IVA, establece un umbral mínimo que no coincide con la dinámica habitual de inversión del campo. Desde la industria de maquinaria agrícola sostienen que la mayoría de las decisiones de compra no se concentran en una sola operación de gran porte, sino en adquisiciones escalonadas de equipos e implementos.

Las entidades Cafma y Facma remarcaron que el régimen prioriza inversiones individuales elevadas, cuando en la práctica los productores distribuyen sus recursos en distintas herramientas que mejoran la productividad, el rinde y la eficiencia operativa.

Muchas de estas inversiones, como tolvas, mixers, cabezales o implementos para la siembra directa, se ubican en rangos de entre US$20.000 y US$100.000, por lo que quedan excluidas si se consideran de manera individual. Esto impacta directamente en la tecnificación del campo y en la adopción de buenas prácticas agrícolas (BPA).

Desde el sector explicaron que para superar el piso en una sola operación, un productor debería adquirir maquinaria de gran escala, como una cosechadora o un tractor de alta potencia, algo que no ocurre todos los años. Por el contrario, la lógica productiva se basa en la renovación progresiva del capital, clave para sostener la competitividad.

Frente a este escenario, los fabricantes impulsan una alternativa concreta: permitir que distintas inversiones puedan sumarse para alcanzar el mínimo requerido. De esta forma, un paquete de compras -como un cabezal, una tolva y otros implementos- podría ser considerado dentro del régimen.

El planteo ya comenzó a canalizarse a través de las entidades del sector, que buscan incidir en la etapa de reglamentación del RIMI. La intención es que la norma contemple la realidad del campo argentino, donde la inversión está directamente vinculada a factores como el precio de los granos, el acceso al crédito agropecuario y las condiciones climáticas.

El reclamo también apunta a evitar que queden fuera del esquema actores clave de la cadena de valor, como contratistas, pequeños y medianos productores, que son quienes sostienen gran parte de la producción agrícola y la incorporación de innovación en el territorio.

¿Qué es el RIMI y cuándo fue anunciado?

El Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI) es una herramienta impulsada por el Gobierno nacional para fomentar la inversión productiva en sectores estratégicos, incluido el campo argentino.

El régimen fue anunciado en 2025, en el marco de la reforma laboral y del paquete de medidas económicas orientadas a dinamizar los agronegocios y mejorar la competitividad.

Entre sus principales beneficios, contempla la amortización acelerada de bienes de capital y la devolución anticipada del IVA, con el objetivo de facilitar la incorporación de tecnología, mejorar el rinde y fortalecer la rentabilidad.

Sin embargo, el esquema fija montos mínimos de inversión, como el piso de US$150.000 para microempresas, que hoy genera debate dentro del sector agropecuario por su impacto en la tecnificación y en el acceso a incentivos.

Actualmente, el RIMI se encuentra en etapa de reglamentación, una instancia clave para definir cómo se aplicará en la práctica dentro de la cadena de valor agroindustrial.