El Gobierno de Santa Fe propuso un aporte de U$S 1,5 por tonelada para financiar obras viales en los accesos a los puertos del Gran Rosario, iniciativa que comenzó a discutirse en mayo de 2026 con exportadoras, municipios y entidades del campo. La medida busca resolver el crítico estado de los caminos por donde circula la producción agrícola, un punto clave para la logística de la cosecha y la competitividad del agro, y generó rechazo inicial por el temor a un nuevo costo sobre los productores.

En un contexto donde el sector agropecuario enfrenta retenciones, presión impositiva y aumento de costos en insumos, la posibilidad de sumar un cargo adicional encendió alarmas. Sin embargo, desde la gobernación aclararon que el esquema no apunta al productor, sino que debe ser absorbido por las empresas exportadoras, en un intento de equilibrar la carga dentro de la cadena de valor.

Actualmente, el Gran Rosario concentra el principal nodo de exportación de granos del país, con un flujo que supera los 5.000 camiones diarios, una cifra que podría crecer de manera significativa si avanza el dragado de la hidrovía. Esta presión constante ha deteriorado la infraestructura vial, afectando la eficiencia del transporte y elevando los costos logísticos que inciden directamente en la rentabilidad del campo.

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Más eficiencia y menos incertidumbre: la apuesta que busca proteger el potencial del cultivo

El proyecto contempla la creación de un fideicomiso público-privado, financiado con ese aporte por tonelada, pero con una diferencia sustancial: reemplazaría las tasas municipales actuales, muchas veces cuestionadas por productores y transportistas por no tener una contraprestación clara. De esta manera, se buscaría ordenar el sistema y garantizar que los fondos se destinen efectivamente a obras.

Desde la Provincia remarcan que el dinero no iría a rentas generales ni sería manejado de forma discrecional, sino que contaría con participación del sector privado en la toma de decisiones. La idea es avanzar hacia un esquema con mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia en la ejecución de infraestructura, alineado con las demandas históricas del sector agroindustrial.

A pesar de estas aclaraciones, entidades rurales como la Sociedad Rural expresaron su preocupación al considerar que, en la práctica, el costo podría terminar trasladándose al productor. En un escenario de márgenes ajustados, cualquier variación impacta en el precio final de los granos y en la capacidad de inversión en tecnología, siembra directa y buenas prácticas agrícolas.

Desde el Gobierno santafesino insisten en que la lógica del mercado jugará a favor del productor. Argumentan que, ante la necesidad de las exportadoras de asegurar mercadería para cumplir contratos, deberán competir y mejorar los precios, absorbiendo así el costo del aporte sin trasladarlo al origen.

El trasfondo del debate también pone el foco en la falta de inversión en infraestructura a nivel nacional. Según la Provincia, hace décadas que no se ejecutan obras de magnitud acordes al crecimiento del flujo de camiones, mientras que el financiamiento disponible a través de impuestos como el de los combustibles no se distribuye de manera eficiente.

En este contexto, Santa Fe destaca que el sector agropecuario ya cuenta con beneficios fiscales en la provincia, como la exención de Ingresos Brutos, mientras que las terminales portuarias, por su carácter exportador, tampoco tributan. Esto refuerza el argumento oficial de que el esfuerzo para mejorar la infraestructura debería provenir de ese eslabón de la cadena.

El desafío hacia adelante será lograr un acuerdo entre todos los actores involucrados -productores, exportadoras, municipios y transportistas- para implementar un sistema que permita mejorar los accesos portuarios sin afectar la competitividad. Con un flujo proyectado de millones de camiones anuales, la infraestructura vial se consolida como un factor determinante para el futuro de los agronegocios en Argentina.