El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó la normativa que regula el ingreso al país de embalajes de madera y maderas de soporte y acomodación, cualquiera sea la mercadería importada. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 980/2025, publicada en el Boletín Oficial, y marca un giro relevante en el esquema de controles fitosanitarios aplicados al comercio exterior .

El nuevo marco normativo introduce un enfoque de gestión basada en riesgo, que permite optimizar los controles oficiales y focalizar los recursos del Estado en aquellas operaciones con mayor probabilidad de riesgo fitosanitario. El objetivo es claro: prevenir el ingreso y la dispersión de plagas, pero sin sobrecargar a los operadores con inspecciones innecesarias.

Uno de los puntos centrales de la actualización es la clasificación de los países de origen por niveles de riesgo fitosanitario. El SENASA establecerá tres categorías -riesgo alto, medio y bajo- considerando variables como el país de procedencia, el historial de cumplimiento, las intercepciones recientes, la situación fitosanitaria y las notificaciones oficiales internacionales. Este listado será público y transparente, y estará disponible en la página web del organismo.

En paralelo, la norma habilita de manera progresiva la posibilidad de realizar inspecciones en los depósitos de los importadores, en lugar de concentrarlas exclusivamente en las zonas primarias aduaneras. Este cambio operativo permitirá la liberación más rápida de la mercadería, con inspecciones posteriores en destino, lo que contribuirá a descongestionar puertos y pasos fronterizos, un reclamo histórico del sector logístico y del comercio exterior.

Desde el SENASA estiman que el nuevo esquema permitirá una reducción cercana al 30 % de las retenciones para inspección física, lo que equivale a unas 4.000 verificaciones menos por mes, sin resignar el nivel de protección sanitaria. En una primera etapa, esta modalidad alcanzará aproximadamente al 20 % de las operaciones, con un volumen de alrededor de 2.000 inspecciones mensuales, que se irán incorporando de forma gradual.

Para la mirada argentina, la actualización llega en un contexto donde cada mejora en tiempos y costos logísticos impacta directamente en la competitividad. En un país atravesado por altos costos internos, presión impositiva y desafíos cambiarios, avanzar hacia un sistema más previsible, transparente y alineado con normas internacionales aparece como una señal positiva para quienes dependen del comercio exterior, sin descuidar un aspecto crítico como la sanidad vegetal.