La tensión entre productores y el municipio de 9 de Julio volvió a escalar luego de que trascendiera la intención del Ejecutivo local, gobernado por el PRO, de aplicar un aumento del 50% en la tasa vial. El ajuste llevaría el valor promedio de $7100 por hectárea a $10.662 para 2026. La medida generó un rechazo inmediato entre productores y algunos bloques opositores, al punto que parte del Concejo Deliberante anticipó que el proyecto podría no reunir los votos necesarios. En este escenario, la Sociedad Rural de 9 de Julio, adherida a Carbap, decidió fijar postura: no se opone a una actualización, pero reclama que el parámetro sea la inflación anual y que cualquier incremento adicional quede exclusivamente afectado a la compra de maquinaria, mediante una ordenanza que garantice su destino.

La entidad local remarcó que la red vial arrastra décadas de deterioro y que muchas máquinas se encuentran en un estado tal que "resulta más costoso repararlas que reemplazarlas". Por eso, pidieron que el municipio presente un plan de trabajo claro, así como un programa de inversión específico. Según la Rural, durante más de 20 años vienen solicitando información detallada sobre la gestión vial, sin obtener respuestas consistentes. Sostienen también que la tasa es de las más bajas de la región, y que incluso en distritos donde se paga el doble, "los caminos están igual de complicados".

Para ordenar el debate público, estas son las cifras que generan la disputa:

Tabla - Evolución estimada de la tasa vial en 9 de Julio

La conducción de la Rural, presidida por Hugo Enriquez, insistió en que el problema no es estrictamente el aumento, sino la distribución de los fondos. Afirman que buena parte de la recaudación se destina al pago de salarios municipales y no a la red vial, lo que desvirtúa el sentido de la tasa. Según la información que reciben, alrededor del 70% de los recursos se aplican al sistema vial y el 30% a administración, aunque aseguran que siempre aparecen "anotaciones" que no terminan de cuadrar. Para la entidad, "el municipio se está financiando con una tasa afectada a un servicio", lo cual consideran inviable.

En su comunicado, los dirigentes rurales también señalaron que el municipio enfrenta una estructura de personal sobredimensionada, una situación que -sostienen- ningún gobierno se anima a modificar. "Los ediles piden reducir funcionarios, pero no tocan la planta general. A la vez, los gremios reclaman aumentos que son lógicos, pero con semejante cantidad de gente es imposible sostener los servicios", advirtieron. Para la Rural, una reforma estructural de la administración municipal es imprescindible para que los fondos viales no sigan diluyéndose.

A esto se suma la delicada situación financiera del distrito. Según expresaron, la coparticipación provincial es insuficiente y responde a una fórmula "vieja y obsoleta", lo que deja al municipio sin margen para responder a las necesidades básicas. "Nueve de Julio está sin fondos para responder a las necesidades de la población", justificaron.

En un contexto donde las lluvias agravaron el estado de los caminos y los campos inundados afectan la circulación y la producción, la Rural buscó diferenciarse del mero rechazo fiscal. "No somos quienes ejecutan, pero proponemos. Y proponemos desde hace muchos años", remarcaron. Para la entidad, el eje es claro: actualizar sí, pero con reglas, transparencia y destino asegurado. En una campaña donde los costos se disparan y los productores sienten que "el barco se hunde", el desafío no es solo cuánto se paga, sino cómo se administra cada peso que debería volver al campo.