La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldó la decisión del presidente Javier Milei de impulsar la adhesión de Argentina al Acta 1991 de la UPOV, en la antesala de un debate legislativo que se anticipa intenso durante 2026 y que definirá el nuevo marco normativo para la comercialización de semillas. El posicionamiento no es menor: se trata de una discusión estructural que impacta en la propiedad intelectual, el uso propio, la inversión en genética y, en definitiva, en la competitividad del agro argentino frente a sus vecinos.

El tema volvió al centro de la escena tras la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que incluye el compromiso de adherir a UPOV 91 y dejar atrás el esquema de 1978 vigente desde hace casi medio siglo. A eso se sumó el propio Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso colocó a las semillas como eje de su proyecto para llevar la producción a 300 millones de toneladas. La señal política fue clara: sin innovación tecnológica y sin seguridad jurídica, no habrá salto productivo.

Desde el ruralismo la reacción fue inmediata. Tanto la Federación Agraria Argentina como Carbap expresaron su apoyo a una actualización de la ley, pero rechazaron la adhesión al Acta 1991. El punto crítico es el uso propio, es decir, la posibilidad de que el productor reutilice la semilla adquirida en campañas siguientes. Bajo UPOV 91, los derechos del obtentor se amplían y, según advierten las entidades, podrían restringirse facultades históricas del productor.

En un contexto de retenciones, brecha cambiaria, costos en alza y márgenes ajustados, cualquier cambio que impacte en el precio de la tecnología genera resistencia. Las entidades sostienen además que no es imprescindible adoptar UPOV 91 para mejorar la oferta genética. Señalan que Brasil y Paraguay, adheridos a UPOV 78, lograron fuertes incrementos de productividad y consolidaron su liderazgo exportador sin modificar ese esquema.

Del lado empresario, la postura fue contundente. ASA celebró la decisión oficial y afirmó que la adhesión constituye "un paso decisivo para revertir décadas de atraso normativo". Según la entidad, la falta de actualización erosionó la competitividad y desalentó inversiones en mejoramiento genético, en momentos en que la región compite ferozmente por mercados y por capital.

La asociación retomó uno de los ejemplos mencionados por Milei: el algodón. Mientras en el Chaco los rindes promedian 600 kilos por hectárea, en Brasil alcanzan los 1.400 kilos. Para los semilleros, la brecha evidencia la necesidad de proteger la innovación. "Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso", remarcaron. El mensaje conecta con un debate más amplio: el del agregado de valor, la biotecnología y la necesidad de que el país deje de perder terreno frente a competidores que operan con reglas más previsibles.

ASA subrayó además que el Acta 1991 -adoptada por 63 países- es hoy el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales. Argentina, bajo una ley de los años '70, quedaría al margen de ese marco. Para la entidad, actualizar la normativa es condición necesaria para competir en igualdad de condiciones, atraer inversiones y fortalecer la capacidad exportadora.

En su argumentación también destacaron la incorporación del concepto de "variedades esencialmente derivadas", que permitiría mayor transparencia en la cadena, al tiempo que el Estado conservaría herramientas para regular de manera equilibrada el uso propio. La clave, insisten, es generar previsibilidad sin desatender la realidad productiva.

El paralelismo que el Presidente trazó con Vaca Muerta y la minería apunta en esa dirección: donde hay marcos claros y seguridad jurídica, la inversión llega. El Gobierno apuesta a replicar esa lógica en el sistema de semillas, con la expectativa de dinamizar el desarrollo tecnológico local y evitar que empresas y centros de investigación migren hacia jurisdicciones más estables.

Detrás de la discusión técnica late una pregunta estratégica: ¿cómo quiere posicionarse la Argentina en el comercio agrícola global? En un escenario atravesado por barreras arancelarias, exigencias de trazabilidad, presión por la huella de carbono y competencia regional creciente, la capacidad de innovar define quién gana mercados. Brasil avanza, Uruguay consolida su carne con certificaciones, Paraguay expande su frontera agrícola. Argentina, mientras tanto, debate su marco regulatorio.

El desafío será encontrar un equilibrio entre incentivar la inversión en genética y preservar la sustentabilidad económica del productor. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de desarrollo agroindustrial para las próximas décadas. En 2026, el Congreso tendrá en sus manos una decisión que puede redefinir el rumbo de uno de los sectores más estratégicos del país.