El vandalismo rural volvió a colarse en el centro del debate agropecuario. La creciente seguidilla de ataques contra silobolsas, cultivos, ganado e infraestructura productiva reavivó la preocupación en el campo y empujó a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a dar un paso más: llevar el reclamo al Congreso para que estos hechos tengan una tipificación penal específica.

La entidad presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura de "vandalismo rural" al Código Penal, con el objetivo de sancionar de manera directa y proporcional los delitos que afectan el normal desarrollo de la actividad agropecuaria. Desde CRA advierten que el marco legal vigente no alcanza para responder a la gravedad del daño que provocan estos ataques.

"No se trata solo de bienes materiales, sino de proteger el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país", remarcaron desde la entidad al fundamentar la iniciativa.

El proyecto plantea modificar los artículos 186 y 189 del Código Penal e incorporar el artículo 184 bis, que crea formalmente la figura de Vandalismo Rural. Según el texto, se prevén penas de dos a cinco años de prisión para quienes, de manera intencional, destruyan, inutilicen o dañen granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes u otros bienes directamente vinculados a la producción.

Desde CRA sostienen que los ataques a establecimientos rurales se volvieron una práctica reiterada, generando pérdidas económicas directas, pero también incertidumbre, miedo y desincentivo a la inversión en amplias zonas del interior productivo. "Hoy estos hechos no encuentran una respuesta penal acorde", advierten.

Otro punto central de la iniciativa es la actualización del delito de estrago. El proyecto incorpora nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y establece escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. Además, prevé agravantes cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.

"El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad", señalaron desde CRA, al tiempo que cuestionaron las limitaciones del Código Penal actual para dar respuestas judiciales rápidas y eficaces frente a este tipo de hechos.

Más allá de la sanción, la entidad remarcó que el objetivo de fondo es fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y avanzar en la prevención de delitos que impactan de lleno en el desarrollo económico y social del interior.

En un contexto donde el agro sigue siendo uno de los pilares de la economía argentina, desde CRA consideran que darle entidad penal al vandalismo rural es un paso clave para defender el esfuerzo productivo y garantizar reglas claras para quienes invierten y trabajan en el campo.