El Gobierno nacional, el 5 de mayo de 2026, resolvió cerrar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y eliminar el financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), medida destacada por el ministro Federico Sturzenegger. La decisión es relevante porque modifica el esquema de aportes en una actividad clave dentro de las economías regionales y la cadena de valor agroindustrial.

La resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura dio por finalizado el programa iniciado en 2004 y dejó sin efecto las contribuciones obligatorias establecidas por ley. Desde el Gobierno argumentaron que el sistema afectaba la competitividad del sector y distorsionaba el funcionamiento del mercado.

En ese marco, Sturzenegger fue contundente: "Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a los privados", y calificó el esquema como una "aberración", al sostener que los recursos recaudados no ingresaban al Estado, sino que financiaban a una entidad privada.

Durante más de dos décadas, productores y bodegas debían realizar aportes en distintas etapas de la actividad, desde la elaboración hasta la comercialización. Según el funcionario, este mecanismo implicaba una carga adicional que impactaba en la rentabilidad y en la estructura de costos del sector.

El balance oficial sobre el PEVI fue crítico. El plan proyectaba alcanzar exportaciones por US$2000 millones anuales y posicionar a la Argentina con mayor peso en el mercado global. Sin embargo, las exportaciones no lograron esa meta y el país se mantuvo por debajo del 2,5% del comercio mundial, lo que, según el análisis oficial, evidencia resultados por debajo de lo esperado.

Además, se cuestionó el uso de los fondos: "Se recaudaron cerca de US$300 millones para financiar resultados que nunca llegaron", afirmó el ministro. También señaló que, pese a estos resultados, las contribuciones continuaron aumentando incluso por encima de la inflación en los últimos años.

Otro punto central fue la extensión del programa más allá de su plazo original. El PEVI tenía como horizonte el año 2020, pero luego fue prorrogado por la propia Coviar. Desde el Gobierno remarcaron que esa decisión no contaba con sustento legal, lo que reforzó la decisión de dar por finalizado el esquema.

A partir de ahora, el financiamiento de las entidades sectoriales será voluntario, en línea con un modelo basado en la libre asociación. Esto implica que cada productor o bodega decidirá si contribuye o no, en función del valor que perciba en la representación institucional.

La medida se inscribe dentro de un proceso más amplio de desregulación, con el objetivo de reducir costos y mejorar la competitividad en las distintas cadenas productivas. En este contexto, la vitivinicultura enfrenta el desafío de sostener su posicionamiento internacional, mejorar su eficiencia y adaptarse a nuevas condiciones de mercado.

El sector deberá redefinir sus estrategias de promoción, inversión e innovación, en un escenario donde la coordinación público-privada cambia de forma significativa y donde la competitividad sistémica será determinante para el crecimiento futuro.