La desregulación del mercado yerbatero comenzó a mostrar efectos directos sobre el empleo rural, además de profundizar la crisis productiva del sector. Así lo advirtió Roberto Buser, representante de Coninagro en el Renatre, al cuestionar la pérdida de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tras la desregulación impulsada a partir de diciembre de 2023. Según el dirigente, la eliminación de precios de referencia dejó a los productores sin poder de negociación y favoreció un proceso de concentración que hoy se traduce en menores ingresos y mayor informalidad laboral.

Buser sostuvo que el punto de inflexión se produjo con la llegada al gobierno de Javier Milei y la implementación del DNU 70/2023, que despojó al INYM de su capacidad para regular la actividad y fijar valores orientativos para la hoja verde.

Según explicó el dirigente, el impacto fue inmediato. En apenas tres o cuatro meses desde la entrada en vigencia del nuevo esquema, el precio que perciben los productores cayó alrededor de un 30%, mientras que, si se compara con los valores de dos años atrás, hoy reciben menos del 50% por el mismo volumen de producción.

"La caída no fue absorbida por toda la cadena, sino que se trasladó casi exclusivamente a los productores primarios. Los grandes compradores y molinos se beneficiaron al poder pagar menos por la materia prima", afirmó Buser, al describir un escenario de asimetría creciente dentro del sector.

Antes de la desregulación, recordó, el INYM calculaba los costos reales de producción, incluyendo salarios rurales, insumos y gastos operativos, y establecía un precio de referencia que garantizaba un margen mínimo de rentabilidad, actualizado periódicamente para evitar desfasajes frente a la inflación.

"Al desaparecer ese mecanismo, quedamos obligados a aceptar los valores impuestos por los grandes compradores, profundizando una desigualdad estructural que ya existía", agregó.

El impacto es especialmente fuerte entre pequeños y medianos productores, que en su mayoría no cuentan con secaderos propios y deben vender su producción a secaderos privados, cooperativas o grandes empresas. La fuerte caída de los ingresos limita la capacidad de afrontar los costos, entre ellos la mano de obra, que representa cerca del 67% del costo total de la actividad.

Para Buser, el problema ya excede lo productivo. "La crisis se trasladó directamente al empleo rural. Muchos productores, ante la imposibilidad de afrontar aportes y contribuciones, se ven forzados a recurrir a esquemas de informalidad", alertó.

Esta situación deja a miles de trabajadores fuera del sistema de registración y sin cobertura de la seguridad social, un escenario que pone en tensión el rol del Renatre como organismo encargado de garantizar derechos laborales y prestaciones por desempleo.

Lejos de tratarse de un fenómeno nuevo, Buser recordó que los procesos de desregulación ya provocaron crisis profundas en el pasado. En la década de 1930, frente a un escenario de superproducción, se creó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), que durante más de 60 años permitió ordenar la actividad.

Sin embargo, en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem y bajo la conducción económica de Domingo Cavallo, la CRYM fue desregulada. "Esa decisión generó concentración del mercado, caída de ingresos y pérdida de herramientas financieras para los productores. Hoy estamos viendo nuevamente esos efectos", señaló.

Según explicó, el mercado consignatario que funcionaba bajo la CRYM permitía fijar precios basados en costos reales, acceder a créditos bancarios y evitar la necesidad de malvender la producción.

A este escenario se suma un factor estructural que agrava la crisis. Antes de perder sus funciones, el INYM había realizado un relevamiento georreferencial con imágenes satelitales que detectó más de 30.000 hectáreas de nuevas plantaciones que aún no habían entrado en producción.

Dado que la yerba mate requiere entre cinco y seis años para comenzar a rendir, el Instituto había anticipado que el ingreso simultáneo de esas hectáreas al mercado podía generar un exceso de oferta y una nueva caída de precios. Por ese motivo, regulaba la expansión de plantaciones, no para frenar la producción, sino para ordenar el crecimiento del sector.

"La eliminación de las funciones centrales del INYM implica desconocer ese aprendizaje histórico y repetir errores del pasado", concluyó Buser.