La agricultura de Sinaloa, el mayor productor de granos de México, atraviesa una de las crisis económicas más profundas de los últimos años. Productores y dirigentes rurales aseguran que la combinación de altos costos de producción, precios insuficientes para cubrir las inversiones y la falta de políticas públicas de largo plazo está deteriorando la rentabilidad del sector y comprometiendo el futuro de miles de explotaciones agrícolas. La situación preocupa porque Sinaloa es una pieza estratégica para el abastecimiento de alimentos del país.

Aunque el estado enfrentó en los últimos años problemas de disponibilidad de agua, referentes del sector coinciden en que la principal amenaza hoy es económica. Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC), sostiene que incluso los productores con buenos rendimientos registran pérdidas porque el precio de venta del maíz no alcanza para cubrir los costos de producción.

Los gastos en fertilizantes, semillas, agroquímicos, combustibles y maquinaria continúan aumentando, mientras los valores pagados por las cosechas permanecen deprimidos. Esta combinación deja a numerosos agricultores sin margen financiero para afrontar una nueva campaña.

Según datos difundidos por organizaciones rurales, el costo de producir una tonelada de maíz ronda los 5.600 pesos mexicanos, mientras que el precio de compra ofrecido en el mercado se ubica alrededor de 3.975 pesos por tonelada. Esa diferencia convierte cada cosecha en una operación con pérdidas para una parte importante de los productores.

Los dirigentes rurales advierten que la incertidumbre comercial también desalienta la inversión, ya que muchos agricultores desconocen cuál será el precio de venta cuando deciden sembrar. Sin mecanismos de cobertura o precios de referencia, el riesgo financiero aumenta considerablemente.

La crisis amenaza el relevo generacional y la seguridad alimentaria

Las consecuencias ya comienzan a sentirse más allá de los balances económicos. La falta de rentabilidad está acelerando el envejecimiento de la población rural, ya que muchos jóvenes abandonan la actividad agrícola en busca de empleos con ingresos más previsibles.

El fenómeno también incrementa el riesgo de abandono de tierras productivas y dificulta la incorporación de nuevas tecnologías, elementos considerados esenciales para mejorar la competitividad del sector.

A ello se suma la falta de inversiones en infraestructura hidráulica y sistemas de riego. Productores sostienen que existen mecanismos internacionales de financiamiento para modernizar estas obras, pero aseguran que esos recursos no han sido plenamente aprovechados.

Las organizaciones rurales consideran que la crisis trasciende a los agricultores y afecta a toda la economía regional. Transportistas, talleres mecánicos, proveedores de insumos, comercios y empresas de maquinaria agrícola dependen directamente del dinamismo de la producción en Sinaloa.

Frente a este escenario, representantes del sector reclaman una estrategia integral que incluya precios de garantía previsibles, acceso a financiamiento, reducción de los costos de producción, modernización de la infraestructura de riego y reglas claras para la comercialización.

También proponen políticas que faciliten el relevo generacional y permitan que los jóvenes encuentren en la agricultura una actividad económicamente viable.

La preocupación trasciende el ámbito regional. México consume alrededor de 50 millones de toneladas de maíz por año, pero produce aproximadamente la mitad de ese volumen. Para los dirigentes rurales, fortalecer la producción nacional resulta indispensable para reducir la dependencia de las importaciones y preservar la seguridad alimentaria del país.

Los productores advierten que si no se recupera la rentabilidad del campo, el impacto no solo alcanzará a Sinaloa sino también al abastecimiento de alimentos y a la competitividad de una de las regiones agrícolas más importantes de América Latina.