La comercialización de la cosecha de maíz en Sinaloa enfrenta nuevos obstáculos. Productores solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal para acelerar la firma de contratos entre la industria y los centros de acopio, un paso considerado indispensable para que miles de agricultores puedan acceder a los apoyos económicos anunciados para la campaña 2026.

El reclamo surge cuando buena parte de la cosecha ya fue levantada, pero numerosos productores aún no logran concretar la venta de su grano debido a que algunos centros de acopio no cuentan con contratos formalizados con las empresas compradoras.

Desde la Coordinadora Única de Productores Agrícolas de Sinaloa señalaron que esta situación mantiene paralizada parte de la comercialización y genera incertidumbre entre los agricultores, quienes esperan cerrar operaciones para acceder a los incentivos oficiales.

Según representantes del sector, existen bodegas que recibieron maíz de los productores sin haber asegurado previamente acuerdos comerciales con la industria harinera y de alimentos, lo que hoy dificulta concretar las compras.

Los productores buscan acelerar la comercialización de una cosecha menor a la prevista

Aunque al inicio de la campaña se proyectaba una producción cercana a 3,5 millones de toneladas, las estimaciones más recientes indican que la cosecha finalmente rondará los 2,8 millones de toneladas.

Ese menor volumen hace pensar que la oferta disponible podría colocarse sin mayores dificultades en el mercado, siempre que se normalice el proceso de contratación entre compradores y centros de acopio.

El sector considera que la intervención de las autoridades permitiría destrabar las negociaciones y dar mayor certidumbre a los productores, que necesitan cerrar las operaciones para avanzar con los trámites administrativos vinculados a los programas de apoyo.

La comercialización de este ciclo adquiere una relevancia especial porque el Gobierno mexicano anunció un esquema extraordinario de respaldo económico para el maíz sinaloense, con recursos destinados a mejorar el ingreso de los agricultores.

El programa contempla un presupuesto cercano a los 6.000 millones de pesos, integrado por aportes del Gobierno del Estado y de la Federación. El incentivo alcanzaría 1.700 pesos por tonelada comercializada y beneficiaría a unos 25.500 productores.

Sin embargo, el acceso a esos recursos depende de que las operaciones de compraventa queden debidamente formalizadas, razón por la cual el retraso en la firma de contratos genera preocupación en el sector.

Mientras continúan las negociaciones, los productores insisten en que acelerar la comercialización será clave para evitar demoras en los pagos, dar liquidez al campo y permitir que los agricultores comiencen a planificar el próximo ciclo productivo con mayor previsibilidad.

Para Sinaloa, principal estado productor de maíz blanco de México, la rapidez con que se normalicen las operaciones comerciales será determinante para el ingreso de miles de familias rurales y para el funcionamiento de toda la cadena agroalimentaria, desde el acopio hasta la industria procesadora.