A un año de la prohibición de 35 plaguicidas: ¿qué cambió en el campo mexicano?
La medida marcó un punto de inflexión para la agricultura mexicana. Hoy el desafío pasa por reemplazar moléculas de alto riesgo sin comprometer la productividad.
Hace casi un año, México puso en marcha una de las reformas más importantes de su política fitosanitaria al prohibir 35 ingredientes activos considerados de alto riesgo para la salud humana y el ambiente. La decisión marcó el mayor cambio regulatorio en materia de plaguicidas desde 1991 y abrió una nueva etapa para productores, distribuidores e industrias vinculadas a la protección de cultivos. Hoy, el foco ya no está en la prohibición, sino en la capacidad del sector para adaptarse a un esquema productivo con nuevas herramientas de control.
La medida eliminó la posibilidad de producir, importar, comercializar, transportar y utilizar estas moléculas en territorio mexicano. El objetivo fue reducir la exposición de trabajadores rurales y consumidores a sustancias asociadas con riesgos toxicológicos, además de disminuir su impacto sobre los recursos naturales y la biodiversidad.
La decisión también respondió a una tendencia internacional. En los últimos años, distintos mercados reforzaron las exigencias sobre residuos de plaguicidas en los alimentos y promovieron estrategias orientadas a disminuir la dependencia de ingredientes activos considerados altamente peligrosos.
El mayor desafío es mantener la productividad con nuevas herramientas
La eliminación de estos productos obligó al sector agrícola a acelerar la búsqueda de alternativas para el manejo de plagas y enfermedades. El desafío consiste en mantener la eficiencia productiva sin recurrir a moléculas que durante décadas formaron parte de los programas de protección vegetal.
En ese proceso cobran mayor importancia los bioinsumos, los biopesticidas, las prácticas de manejo integrado de plagas y otras tecnologías que permiten combinar distintas estrategias de control. Sin embargo, la transición requiere mucho más que nuevos productos disponibles en el mercado.
Los bioinsumos y biopesticidas aparecen entre las alternativas utilizadas para reemplazar moléculas de mayor riesgo.
La capacitación de técnicos y productores aparece como uno de los factores más relevantes para lograr que las alternativas ofrezcan resultados consistentes bajo distintas condiciones productivas. Cada cultivo, cada región y cada presión sanitaria requieren estrategias específicas que no siempre replican el manejo utilizado con los plaguicidas tradicionales.
Al mismo tiempo, la industria fitosanitaria enfrenta el desafío de desarrollar nuevas soluciones capaces de responder a las necesidades del productor sin perder competitividad frente a otros mercados agrícolas.
La transformación también responde a las exigencias del comercio internacional
Más allá del impacto regulatorio, la decisión refleja un cambio que viene consolidándose en el comercio mundial de alimentos. Los mercados internacionales demandan cada vez más productos obtenidos bajo estándares ambientales más estrictos y con menores niveles de residuos químicos, especialmente en frutas, hortalizas y otros cultivos destinados a la exportación.
La transición impulsada por México también busca fortalecer la competitividad del sector agroalimentario frente a compradores que incorporan criterios de sostenibilidad e inocuidad como parte de sus requisitos comerciales.
A un año de la entrada en vigor de la prohibición, el verdadero desafío ya no consiste en retirar 35 ingredientes activos del mercado, sino en consolidar un modelo de protección vegetal que combine productividad, respaldo científico y herramientas capaces de responder a las nuevas demandas de la agricultura moderna. El resultado de ese proceso será seguido de cerca por otros países de América Latina, donde el debate sobre el futuro de los plaguicidas de alta peligrosidad continúa ocupando un lugar central en las políticas agrícolas.
