El Gobierno de Chile declaró la emergencia agrícola en amplias zonas de Atacama, Coquimbo y Valparaíso luego de los severos daños provocados por el sistema frontal que afectó al centro-norte del país durante julio. La medida permitirá movilizar recursos extraordinarios y poner en marcha programas de asistencia destinados a productores agropecuarios, con el objetivo de restablecer la actividad productiva y reparar la infraestructura rural afectada.

La resolución comprende seis comunas de la Región de Atacama, la totalidad de la Región de Coquimbo y las provincias continentales de Valparaíso. A partir de esta decisión, el Ministerio de Agricultura podrá reasignar fondos contemplados en el presupuesto nacional para responder con mayor rapidez a las necesidades de las explotaciones agropecuarias perjudicadas por las intensas lluvias.

El foco estará puesto en recuperar la producción y la infraestructura rural

Como parte del plan de emergencia, las Secretarías Regionales Ministeriales de Agricultura deberán identificar a los productores afectados, cuantificar las pérdidas y coordinar la entrega de apoyo según las necesidades de cada territorio.

Entre las primeras medidas se encuentran la distribución de alimento para ganado a pequeños productores, la postergación de vencimientos crediticios, nuevas líneas de financiamiento en condiciones preferenciales y la aceleración de programas de inversión y riego destinados a recuperar la capacidad productiva.

Al mismo tiempo, la Comisión Nacional de Riego (CNR) inició un relevamiento de los daños registrados en canales, bocatomas y otras obras hidráulicas, con el propósito de orientar recursos hacia la reconstrucción de la infraestructura que resulta clave para asegurar el abastecimiento de agua en las próximas campañas.

El sector espera una recuperación rápida de la actividad

Las organizaciones de productores valoraron la declaración de emergencia al considerar que permitirá acelerar la llegada de ayuda a las zonas rurales donde los temporales afectaron caminos, sistemas de riego, plantaciones e infraestructura productiva.

La asistencia también contempla medidas especiales para quienes cuentan con seguros agropecuarios subsidiados por el Estado. Los agricultores afectados dispondrán de un plazo extraordinario para presentar las denuncias por siniestros y acceder al proceso de indemnización correspondiente.

Además, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) continuará con el monitoreo sanitario en las áreas impactadas y evaluará la implementación de nuevas acciones para reducir riesgos productivos y ambientales derivados del fenómeno climático.

Pese a las pérdidas ocasionadas por el sistema frontal, las autoridades destacaron que las lluvias y nevadas registradas en la cordillera incrementaron las reservas de agua disponibles para los embalses, un factor que podría favorecer el riego durante las próximas temporadas y contribuir a la recuperación del sector agrícola una vez superada la emergencia.