La industria frutícola del hemisferio sur encendió las alarmas tras la presentación de una propuesta regulatoria de la Comisión Europea que podría modificar los criterios utilizados para establecer los Límites Máximos de Residuos (LMR) de productos fitosanitarios. El sector advierte que los cambios generarían incertidumbre para las exportaciones y podrían afectar un comercio que moviliza más de 2,6 millones de toneladas de frutas frescas al año hacia la Unión Europea.

La preocupación fue expresada por la Alianza Frutícola del Hemisferio Sur (SFA), entidad que reúne a productores y exportadores de Argentina, Australia, Brasil, Chile, Perú, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue. Estos países abastecen a los mercados europeos durante los períodos en que la producción local disminuye debido a la estacionalidad.

El debate gira en torno a la propuesta denominada "Food and Feed Omnibus", impulsada por la Comisión Europea. Según la industria exportadora, el proyecto podría modificar sustancialmente la manera en que se determinan los límites de residuos permitidos en frutas y otros productos agrícolas.

Actualmente, las evaluaciones consideran el riesgo real para la salud de los consumidores. Sin embargo, la nueva propuesta analiza incorporar un criterio basado en el peligro intrínseco de determinadas sustancias activas, independientemente de los niveles efectivos de exposición.

Para los exportadores, este cambio podría derivar en restricciones más severas sobre productos fitosanitarios utilizados legalmente en numerosos países y respaldados por estándares internacionales.

Un mercado estratégico para el hemisferio sur

La preocupación adquiere mayor relevancia por el volumen del comercio involucrado.

Durante 2025, los países integrantes de la alianza enviaron más de 2,6 millones de toneladas de frutas frescas de clima templado al mercado europeo. Este flujo comercial permite mantener abastecidos los supermercados del bloque durante los meses en que la producción local resulta insuficiente para cubrir la demanda.

Desde la SFA sostienen que cualquier modificación regulatoria debe considerar el impacto sobre la seguridad alimentaria, la estabilidad de las cadenas de suministro y la disponibilidad de frutas para los consumidores europeos.

La organización señaló que imponer límites extremadamente bajos para determinadas sustancias podría generar rechazos de cargamentos en los puertos europeos, mayores costos operativos y pérdidas económicas para productores y exportadores.

En una declaración difundida por la alianza, la entidad sostuvo que la propuesta introduce "una enorme complejidad e imprevisibilidad" para el comercio internacional sin aportar beneficios adicionales significativos en materia de seguridad alimentaria.

Diferencias productivas entre Europa y el hemisferio sur

Uno de los principales argumentos presentados por los exportadores está relacionado con las diferencias agronómicas entre las regiones productoras.

Los países del hemisferio sur enfrentan desafíos sanitarios distintos a los existentes en Europa. La presencia de plagas, enfermedades y especies invasoras obliga a utilizar estrategias de manejo adaptadas a cada realidad productiva.

La organización sostiene que restringir de manera drástica determinadas herramientas de protección vegetal podría dificultar la capacidad de los agricultores para proteger sus cultivos frente a amenazas fitosanitarias cada vez más complejas.

Además, advierte que el problema podría agravarse debido al cambio climático, que favorece la expansión de plagas hacia nuevas regiones y aumenta la presión sobre los sistemas productivos.

Según la SFA, las consecuencias no se limitarían al comercio internacional. También podrían impactar sobre el empleo rural, la actividad económica regional y la competitividad de numerosas cadenas frutícolas que dependen de las exportaciones para sostener su crecimiento.

El debate sobre fitosanitarios y biocontrol

La discusión también involucra el futuro de los productos fitosanitarios y las alternativas biológicas para el manejo de plagas.

La alianza recordó que sus países miembros participan activamente en el Marco Global sobre Productos Químicos de las Naciones Unidas y mantienen compromisos para eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos hacia 2035.

Sin embargo, considera que las decisiones sobre sustitución de sustancias deben contemplar las particularidades productivas de cada país y avanzar de manera gradual.

En ese sentido, la organización respaldó el desarrollo de herramientas de biocontrol, aunque advirtió que actualmente no pueden reemplazar completamente a las soluciones químicas utilizadas en la agricultura comercial.

Los representantes del sector sostienen que los productos biológicos son sensibles a variables ambientales como temperatura, humedad y radiación, por lo que su desempeño puede variar significativamente según las condiciones de campo.

Por ello, consideran que estas tecnologías deben funcionar como herramientas complementarias dentro de los programas de manejo integrado y no como sustitutos absolutos de las opciones disponibles actualmente.

Mientras la propuesta continúa en discusión dentro de las instituciones europeas, exportadores, productores y gobiernos del hemisferio sur siguen de cerca el proceso. El resultado de este debate podría redefinir parte de las reglas que rigen el comercio internacional de frutas frescas y tener consecuencias directas sobre una de las cadenas agroexportadoras más importantes del mundo.