América Latina transita un punto de inflexión en su estrategia agroexportadora. Para diciembre de 2025 entrará en vigor el Reglamento de la Unión Europea, que obligará a los exportadores de productos como soja, café, cacao, carne bovina, palma aceitera y madera a demostrar que no proceden de tierras deforestadas. Esta exigencia plantea un desafío sin precedentes para el campo latino.

Solo en 2022, el valor de las exportaciones afectadas por esta normativa superó los 26800 millones de dólares, representando el 21% del total exportado a la UE, y generando alrededor de 4,4 millones de empleos directos e indirectos, de los cuales el 71% están ligados al café. Entre los productos más demandados en el mercado europeo, destacan la soja, el café, el cacao y la carne, todos bajo lupa.

La trazabilidad se convierte en clave. Los productores deberán implementar sistemas de geolocalización, avales legales y procesos de debida diligencia que acrediten que sus cultivos se encuentran en tierras verificadas, libres de deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020. El desafío es mayor para los pequeños agricultores, con parcelas fragmentadas que complican el seguimiento y la certificación.

Para la UE, esta medida forma parte del Pacto Verde Europeo y apunta a cortar los vínculos entre consumo y pérdida de bosques. Para los países latinoamericanos, el problema es práctico: sin adaptación, el acceso al principal mercado agroindustrial se pone en riesgo.

La respuesta ya está en marcha. Organismos multilaterales como el BID, la FAO y el IICA financian programas para implementar buenas prácticas y capacitar sobre trazabilidad forestal. Estudios recientes identifican las brechas más urgentes: acceso a tecnologías, datos geográficos confiables, mecanismos de verificación sectoriales y fomento de cadenas cooperativas que despejen la carga individual de los pequeños productores.

Expertos advierten que el costo de implementar estas medidas puede ser alto, pero mucho más costoso sería perder acceso a la Unión Europea. Además, el reglamento no solo desafía a los productores, sino que también promete ventajas: los alimentos "libres de deforestación" obtendrán mayor demanda y mejores precios en nichos ambientales y certificados.

El reto es doble: respaldar a los agricultores rurales para integrar sistemas de trazabilidad completos; y asegurar que las inversiones públicas y privadas no solo cumplan exigencias, sino que generen valor añadido y protección al entorno natural.

El futuro del agro regional se disputa en esos sistemas de monitoreo y gestión. Habrá que articular recursos, cooperativas, registros nacionales confiables y esquemas de certificación tendientes a elevar la competitividad y sustentabilidad del campo. La integración de pequeños productores será clave para evitar exclusión y desigualdad.

América Latina debe evolucionar hacia una agricultura profunda y trazable, que garantice la protección de sus bosques sin sacrificar la producción. Exportar sin deforestar ya no es una promesa: es una exigencia real. Y el tiempo corre.