El ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Yamil Flores, confirmó que la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro) enfrenta pérdidas por Bs 4 millones debido al vencimiento de semillas y agroquímicos almacenados en predios ubicados en el municipio de Pailón, Santa Cruz.

El informe fue presentado tras una inspección oficial en la que se corroboró el abandono de insumos adquiridos con recursos públicos. Según Flores, este hallazgo constituye evidencia de un mal manejo administrativo que no sólo afecta el patrimonio estatal, sino que también limita el impacto productivo de una empresa creada con la promesa de impulsar la soberanía alimentaria del país.

Inversiones millonarias y resultados mínimos

B-Agro, concebida como una empresa "autosostenible", recibió más de Bs 745 millones entre 2022 y 2025, de acuerdo con datos revelados por el diputado Héctor Arce (MAS). Sin embargo, el legislador precisó que de ese monto apenas se ejecutaron Bs 210 millones, lo que refleja un bajo nivel de ejecución frente a las necesidades productivas.

El ministro Flores detalló que de los Bs 140 millones destinados a la compra de maquinaria y habilitación de terrenos, se reservaron Bs 23 millones para la adquisición de semillas y agroquímicos. Dentro de este último paquete, Bs 4 millones terminaron en pérdidas porque los insumos caducaron sin llegar a ser utilizados en los campos.

"Este hecho no puede quedar impune. El Ministerio Público tiene en sus manos pruebas claras del abandono de insumos, lo que permitirá procesar al exgerente de B-Agro y a los funcionarios involucrados en este daño económico al Estado", afirmó Flores.

Tensiones políticas y cuestionamientos al modelo estatal

La denuncia también refleja tensiones internas en el oficialismo. El diputado Arce, crítico de la gestión de la empresa, advirtió que la baja producción registrada por B-Agro no justifica el presupuesto invertido. Durante una visita a Santa Cruz, corroboró que las semillas y fertilizantes estaban abandonados y que la producción agrícola era mínima.

Flores, por su parte, respondió que el verdadero daño económico asciende a los Bs 4 millones por insumos vencidos, rechazando que se trate de una pérdida de toda la inversión. Sin embargo, admitió que el caso refleja una gestión deficiente que debe investigarse a fondo.

A la polémica se suma la denuncia de al menos 150 familias campesinas, que reclaman un pago pendiente de Bs 7 millones por trabajos de desmonte en terrenos destinados a la siembra. Según Arce, estas comunidades realizaron tareas de preparación de suelos sin recibir la compensación correspondiente.

Flores aclaró que mientras él esté en funciones, no autorizará desembolsos en favor de contratos adjudicados de manera irregular, especialmente a dirigentes interculturales que no concluyeron las obras. "Los trabajadores afectados deben reclamar directamente al contratista, porque el Estado no puede pagar por un trabajo inconcluso", subrayó.

Impacto en la credibilidad del sector

El escándalo alrededor de B-Agro revive el debate sobre la eficacia de las empresas estatales agropecuarias en Bolivia. Aunque fueron creadas con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la seguridad alimentaria, los resultados hasta ahora son limitados y están marcados por denuncias de corrupción, ineficiencia y falta de transparencia.

En un contexto de desafíos climáticos y necesidades de mayor inversión productiva, la pérdida de insumos genera preocupación entre productores y analistas. Para el sector privado, estos episodios envían señales negativas a los mercados internacionales, en especial cuando Bolivia busca diversificar su oferta agroexportadora y posicionar sus productos en la región.

El gobierno de Luis Arce asegura que habrá sanciones inmediatas. "El Presidente nos ha instruido iniciar las acciones legales necesarias para que los responsables enfrenten la justicia", dijo Flores. Con ello, se abre un proceso que no sólo buscará deslindar responsabilidades penales, sino también recuperar la confianza en la capacidad del Estado para gestionar proyectos agrícolas de gran escala.

Mientras tanto, en los campos de Pailón, las semillas y agroquímicos vencidos son la muestra tangible de un fracaso administrativo que costará millones a las arcas públicas y que amenaza con dejar una marca duradera en la credibilidad de B-Agro y de todo el modelo estatal de producción agropecuaria en Bolivia.