En una votación que dejó en evidencia el peso del lobby agroindustrial, el Congreso brasileño aprobó esta semana un proyecto de ley que habilita la deforestación en zonas protegidas y limita drásticamente la fiscalización ambiental. Lo paradójico: lo bautizaron "Proyecto de Ley de Devastación" (PL 364/19), un nombre irónico que refleja lo que los ambientalistas advierten como un "asalto institucional" al bioma brasileño.

La legislación, que aún debe ser sancionada o vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite a los estados regular actividades en Áreas de Protección Permanente (APP) y reduce las competencias de los entes federales para frenar desmontes o imponer sanciones.

Uno de los puntos más polémicos es que blinda de multas a quienes deforestaron ilegalmente antes de julio de 2008, legalizando retrospectivamente la destrucción de miles de hectáreas. Además, limita las fiscalizaciones ambientales en áreas rurales y permite construcciones en zonas sensibles como nacientes de ríos y márgenes de cursos de agua.

Ambientalistas y pueblos originarios en alerta

Para Sônia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas, esta ley es "una amenaza directa a los derechos constitucionales de los pueblos originarios" y un retroceso respecto a los compromisos internacionales que Brasil asumió en el Acuerdo de París y la COP30, que se celebrará en Belém en 2025.

Organizaciones como WWF Brasil y Greenpeace denunciaron que el PL 364/19 abre la puerta a una "legalización masiva de crímenes ambientales". En un comunicado conjunto, afirmaron que la norma "viola el principio de no regresión ambiental" y pone en riesgo la seguridad hídrica, la biodiversidad y la agricultura sostenible.

¿Qué hará Lula?

Aunque Lula ha buscado posicionarse internacionalmente como un defensor del ambiente, el avance de este proyecto pone a prueba su compromiso. Su base parlamentaria está dividida, y los sectores del agronegocio ejercen una presión cada vez más intensa.

El mandatario tiene ahora la facultad de vetar total o parcialmente el proyecto. Si lo promulga, enfrentará fuertes críticas internacionales justo cuando Brasil intenta liderar el bloque de países amazónicos. Si lo veta, podría fracturar aún más su frágil coalición en el Congreso.

Claves de la ley:

• Descentralización del control ambiental a los estados.

• Legalización de desmontes ilegales previos a 2008.

• Restricciones a fiscalizaciones de órganos federales.

• Permiso para obras en APPs como nacientes y márgenes fluviales.

• Posible violación de acuerdos internacionales de protección climática.