El Ministerio Público de Franca, en el estado de São Paulo, identificó la participación de miembros del Primeiro Comando da Capital (PCC) en una red de tráfico y falsificación de plaguicidas agrícolas.
El hallazgo surgió tras el análisis de mensajes intercambiados entre integrantes de la organización criminal, y confirma la infiltración del crimen organizado en el comercio ilegal de agroquímicos, uno de los más lucrativos del país.

La investigación -que lleva más de diez años- reveló un mercado paralelo estructurado, con al menos nueve grupos autónomos que se especializan en distintas etapas del proceso: desde la fabricación de envases y etiquetas falsas, hasta la emisión de facturas irregulares y la venta en plataformas digitales.

Contrabando, falsificación y riesgo ambiental

Según el Ministerio Público, los laboratorios clandestinos cuentan con estructuras semiindustriales equipadas con cintas transportadoras y máquinas de envasado, capaces de producir grandes volúmenes de plaguicidas falsos.
Estos productos, elaborados fuera del sistema regulatorio brasileño, se vinculan con delitos de contrabando, adulteración, robo y uso indebido, y pueden contener hasta 25 sustancias no autorizadas en sus mezclas.

El gerente de Combate a Productos Ilícitos de CropLife Brasil, Nilto Mendes, advirtió que "los productores buscan estos productos por una aparente ventaja económica, pero terminan perdiendo más por los daños que provocan en los cultivos".
Además, el uso de estas sustancias representa un riesgo social, ambiental y sanitario, y puede afectar la reputación exportadora del agronegocio brasileño, al detectarse contaminantes en las cargas destinadas a mercados internacionales.

Datos del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF) indican que el mercado ilegal de plaguicidas representa entre el 20% y 25% del total vendido en Brasil, generando pérdidas anuales cercanas a R$20 mil millones.
En una reciente operación, las autoridades encontraron una planta con capacidad para falsificar 155.000 litros de plaguicidas, volumen que equivale a R$30 millones en pérdidas potenciales para el sector formal.

Las rutas del contrabando se concentran en las fronteras secas con Paraguay, Argentina y Uruguay, donde algunos productos prohibidos en Brasil aún están permitidos. También se detectó aumento del tráfico marítimo, con plaguicidas ilegales camuflados entre cargas legales provenientes de China e India.

La Policía Federal de Carreteras reportó un crecimiento en las incautaciones durante el último año, especialmente en los estados de Pará y Roraima, lo que confirma la expansión geográfica del fenómeno.

El combate al mercado ilegal involucra una red de instituciones: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAPA), el Ibama, la Receita Federal y las fuerzas de seguridad federales, que trabajan en operativos conjuntos de fiscalización y control fronterizo.

CropLife Brasil recomienda a los productores verificar la documentación y el registro oficial de los plaguicidas, evitar compras a intermediarios sin certificación y denunciar posibles irregularidades. Los productos ilegales suelen presentar etiquetas falsas, envases sin sello oficial o documentos adulterados, señales claras de falsificación o contrabando.

La expansión del mercado ilegal de plaguicidas pone en evidencia los vínculos entre crimen organizado y agronegocio informal, y plantea un desafío urgente para las autoridades brasileñas: fortalecer los controles, rastrear las rutas de ingreso y proteger la integridad del sistema productivo agrícola.