La polilla de la manzana (Cydia pomonella) es una plaga de alto impacto económico en la fruticultura. Fue detectada por primera vez en Brasil en 1991, en huertos de Santa Catarina y Río Grande do Sul, dos de las principales regiones productoras. Luego de más de dos décadas de trabajo coordinado entre productores y autoridades sanitarias, la plaga fue erradicada oficialmente en 2013.

Para sostener este estatus, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mapa) puso en marcha en septiembre un plan nacional de prevención y vigilancia fitosanitaria, que incluye el monitoreo con trampas de feromonas en más de 100 puntos estratégicos: áreas productoras, fronterizas y casas de embalaje. Esta red de detección temprana permite mantener a Brasil libre de la plaga y garantizar la calidad sanitaria de la fruta.

El control es clave: las orugas atacan directamente la pulpa de la manzana, reducen su calidad comercial y, ante cualquier detección de Cydia pomonella, los acuerdos comerciales firmados por Brasil prevén la suspensión inmediata de las exportaciones. Por eso, el sector considera que la prevención no es solo una cuestión productiva, sino también comercial y estratégica.

La Asociación Brasileña de Productores de Manzanas (ABPM), que representa a más de 3.500 agricultores, alertó que el actual sistema podría verse comprometido si no se refuerzan los controles sobre las frutas importadas, especialmente aquellas que provienen de países vecinos como Argentina, Uruguay y Chile, donde la plaga aún está presente.

Reclamo de reciprocidad en controles

Según explicó Moisés de Albuquerque, director ejecutivo de la ABPM, "no es que no pensemos que el monitoreo interno sea importante, pero necesitamos una contraparte equivalente en el sector productivo de origen de la fruta importada". En ese sentido, la entidad solicitó al Ministerio de Agricultura que aplique a las importaciones el mismo rigor fitosanitario que exige a los productores nacionales.

Santa Catarina, principal estado productor con más de 600 mil toneladas por cosecha, aplica un sistema intensivo de vigilancia. Si bien no existe una obligación legal para que los productores compren trampas, muchos lo hacen de manera voluntaria para reforzar la red nacional. Se estima que un eventual reingreso de la plaga generaría costos superiores a R$ 400 millones por cosecha solo en tareas de control.

El reclamo de la ABPM también está vinculado a cuestiones comerciales. Brasil enfrenta altos requisitos para ingresar a mercados exigentes como el malayo o el peruano. "El rigor requerido para la apertura de estos mercados, incluso con controles impuestos aquí en el sector productivo de Brasil, es muy grande. Entonces, lo que esperamos es que el Ministerio de Agricultura también haga requisitos similares para estos países que exportan a Brasil", enfatizó Albuquerque.

Además, muchos países limitan el uso de ciertos productos químicos, lo que obliga a los productores brasileños a reducir aplicaciones y adoptar estrategias fitosanitarias más sostenibles para acceder a nuevos mercados. Cuantas menos aplicaciones se hagan, mayor es la posibilidad de alcanzar mercados premium, destacó Deise Feltes Riffel, jefa del Departamento de Defensa Vegetal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Producción Sostenible y Riego (DDV/Seapi).