Brasil frena una norma para las fresas tras la presión de productores y legisladores
El gobierno suspendió por 60 días una regulación que imponía nuevos estándares de clasificación y que, según el sector, podía elevar costos y generar pérdidas en toda la cadena productiva.
El gobierno de Brasil suspendió por 60 días la aplicación de la Ordenanza MAPA N.º 886/2026, conocida en el sector como el "Decreto de la Fresa", luego de una fuerte presión ejercida por productores y por el Frente Parlamentario de la Agricultura (FPA). La medida fue confirmada por el ministro de Agricultura, André de Paula, y representa un alivio temporal para una actividad que advertía sobre el aumento de costos y posibles pérdidas económicas derivadas de la nueva regulación.
La normativa había sido publicada en febrero con el objetivo de actualizar los criterios de clasificación y comercialización de las fresas, en línea con estándares utilizados dentro del Mercosur. Sin embargo, rápidamente encontró resistencia entre agricultores, comercializadores y representantes del sector frutícola.
Los requisitos que encendieron la polémica
Uno de los aspectos más cuestionados fue la obligación de clasificar las fresas según parámetros más estrictos de tamaño y presentación.
Los productores señalaron que la naturaleza del cultivo hace difícil obtener lotes completamente homogéneos, por lo que la exigencia podría traducirse en mayores costos de selección, clasificación y empaque.
Otro punto que generó preocupación fue la posibilidad de que frutas con diferencias naturales de forma o con leves signos de deshidratación fueran reclasificadas a categorías inferiores, afectando su valor comercial.
Según representantes del sector, estas disposiciones podrían provocar una reducción en la rentabilidad de pequeños y medianos productores, especialmente en un contexto donde los costos laborales y logísticos ya presionan los márgenes de la actividad.
La controversia escaló rápidamente hasta el ámbito político, donde el Frente Parlamentario de la Agricultura lideró una campaña para solicitar la revisión de la medida.
El sector buscará una revisión definitiva
La suspensión temporal abre ahora una nueva etapa de negociaciones técnicas entre el gobierno y los actores de la cadena productiva.
El diputado Alceu Moreira, uno de los principales impulsores del reclamo, afirmó que el plazo permitirá presentar argumentos técnicos para intentar revertir definitivamente la regulación.
Desde el sector productivo sostienen que mejorar la calidad y la estandarización de la fruta es un objetivo legítimo, pero consideran que las exigencias deben adaptarse a la realidad agronómica y comercial del cultivo.
La discusión también refleja un desafío más amplio para la agricultura brasileña: cómo armonizar normas de calidad y acceso a mercados sin generar cargas adicionales que afecten la competitividad de los productores.
Durante los próximos dos meses, el Ministerio de Agricultura analizará las observaciones presentadas por entidades técnicas y representantes de la cadena frutícola. El resultado de ese proceso definirá si la regulación vuelve a entrar en vigor, es modificada o queda definitivamente archivada.
Para los productores de fresa, la suspensión representa una oportunidad para reabrir el debate sobre los criterios de comercialización y evitar que nuevas exigencias terminen trasladándose a mayores costos en un sector que abastece tanto al mercado interno como a cadenas de distribución cada vez más exigentes.
