La moratoria de la soja en Brasil, considerada durante años un modelo para frenar la deforestación en la Amazonía, quedó en suspenso luego de que el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) dictaminara que el pacto podría violar la legislación de competencia. El sitio web oficial que centralizaba información del acuerdo fue dado de baja este martes, en medio de un fuerte remezón político y comercial.

El programa, vigente desde 2008, impedía que los grandes comerciantes de granos compraran soja producida en tierras deforestadas después de esa fecha. La decisión del regulador se produjo tras un pedido de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, dominada por representantes del agro, que calificaron la suspensión como una "victoria histórica" para los productores.

Desde el sector rural, Mauricio Buffon, presidente de Aprosoja Brasil, explicó que no se esperan avances significativos de la soja sobre nuevas áreas de selva, ya que la expansión ocurre principalmente sobre pasturas degradadas. Sin embargo, reconoció que el fin del acuerdo altera la dinámica de comercialización: hasta ahora muchos agricultores recurrían a intermediarios para vender soja no habilitada bajo la moratoria, lo que reducía sus márgenes.

El impacto internacional es incierto. Si bien la mayor parte de la soja brasileña tiene como destino China, países europeos como España, Italia y Reino Unido también dependen de este suministro, y mantienen exigencias ambientales cada vez más estrictas en sus cadenas de importación.

En paralelo, la Corte Suprema de Brasil analiza tres causas que podrían consolidar el debilitamiento del pacto: una de ellas permitirá a estados productores como Mato Grosso dejar de ofrecer incentivos fiscales a las empresas que adhirieron a la moratoria a partir de 2026.

Por ahora, los grupos exportadores Anec y Abiove adelantaron que apelarán la medida de CADE, que aún debe ser revisada por su tribunal de seis comisionados. El proceso podría extenderse por años, pero de confirmarse las sanciones, las multas alcanzarían hasta 2.000 millones de reales (365 millones de dólares) para asociaciones y hasta el 20 % de la facturación anual de las empresas involucradas.

La suspensión de la moratoria reaviva el debate sobre el delicado equilibrio entre competitividad agrícola, regulación de mercados y protección ambiental en la principal potencia sojera del mundo.