La industria de la uva de mesa chilena atraviesa uno de sus momentos más tensos en la relación comercial con Estados Unidos. La suspensión del protocolo Systems Approach, que eximía a los productores del uso de bromuro de metilo para ingresar al mercado norteamericano, generó un profundo malestar entre empresarios y gremios frutícolas.

El tema fue eje de debate durante Fruittrade 2025, la convención organizada por la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), donde los principales actores del sector analizaron las consecuencias del fallo emitido por el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, que dejó sin efecto la exención sanitaria concedida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Los productores calificaron la medida como "lo más injusto que hay", señalando que el dictamen no responde a criterios técnicos ni a un riesgo fitosanitario real. Según explicaron, las asociaciones demandantes de California no compiten directamente con la fruta chilena, ya que su temporada termina cuando la uva latinoamericana recién comienza a ingresar al mercado durante el invierno boreal.

Impacto sanitario y desigualdad regional

El presidente de Fedefruta, Víctor Catán, recordó que las regiones de Atacama y Coquimbo, principales zonas productoras de uva de mesa en Chile, no registran presencia de Lobesia botrana, conocida como la polilla del racimo de la vid, uno de los argumentos usados por las autoridades estadounidenses para justificar la medida.

"Estados Unidos ve a Chile como un solo país, sin distinguir regiones, y ese es el gran problema", lamentó Catán, quien destacó que esta falta de diferenciación impide aplicar criterios proporcionales a la realidad sanitaria del territorio.

El dirigente añadió que el cierre parcial del gobierno estadounidense ("shutdown") iniciado en septiembre también incidió en el proceso judicial, ya que la paralización administrativa retrasó la firma del fallo definitivo, manteniendo la situación en un "punto muerto".

Rodrigo Susaeta, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó (APECO), coincidió en que la decisión está aún en trámite: "En teoría, los productores podrían seguir exportando bajo Systems Approach, porque el decreto no está firmado oficialmente".

Llamado a la acción del Estado y la diplomacia

Los empresarios coincidieron en que el gobierno chileno debe involucrarse activamente en la defensa de la fruta nacional. "Hay que luchar con fuerza. Chile fumigado no sirve, no funciona. Tenemos que unir al Estado con la industria para encontrar una alternativa", expresó Vicente Valdivieso, asesor técnico de Uvanova.

Susaeta agregó que "no existe ninguna razón técnica para mantener la suspensión del protocolo", y sostuvo que la autoridad sanitaria chilena ha cumplido todos los estándares internacionales de control de plagas.

El Systems Approach, implementado hace más de una década, permitió que las uvas chilenas ingresaran al mercado estadounidense sin fumigación, siempre que cumplieran con controles fitosanitarios en origen y certificación de zonas libres de plagas. Su suspensión implica volver al tratamiento con bromuro de metilo, un gas que daña la fruta, encarece los envíos y genera controversias ambientales.

Aranceles y costos en aumento

A la incertidumbre sanitaria se suma el arancel del 10 % impuesto por la administración estadounidense, que afecta a toda la canasta exportadora chilena. Durante el encuentro, los empresarios criticaron la falta de gestiones del gobierno para aliviar la presión sobre los productores.

"Chile está siendo complaciente porque el 10 % no se lo aplicaron al cobre. Si fuera así, todas las autoridades estarían en Washington buscando una solución", afirmó Martín Silva, asesor de Uvanova.

Catán se mostró optimista respecto a los recursos legales en curso en Estados Unidos para revisar estas tarifas, argumentando que el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2003 ofrece fundamentos para cuestionar el arancel.

Por su parte, Cristián Allende, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, explicó que el arancel no lo paga el consumidor, sino el productor. "El sobrecosto se descuenta del precio FOB; equivale a unos dos dólares por caja de uva. En los cítricos el impacto ronda los 15 a 17 centavos por kilo, y eso es muchísimo", señaló.

El empresario advirtió que si los márgenes siguen reduciéndose, el sector tendrá que replantear variedades y estrategias comerciales, ya que la rentabilidad de varias líneas productivas está comprometida.

Al cierre del panel, los productores coincidieron en que la recuperación del Systems Approach debe ser prioridad nacional y que la estrategia del sector debe centrarse en mejorar la calidad más que el volumen exportado.

"Chile gana cuando ofrece fruta de calidad y no cantidad, porque eso es lo que el mercado valora", concluyó Catán.

El caso de la uva de mesa chilena refleja los desafíos que enfrenta el comercio agroexportador latinoamericano: mayor escrutinio sanitario, tensiones arancelarias y dependencia de decisiones judiciales extranjeras. Frente a ese escenario, la industria insiste en la necesidad de una diplomacia agrícola activa, que combine la defensa técnica con una visión de largo plazo para proteger la competitividad del país en los principales mercados internacionales.