La política de acceso a la tierra en Colombia dio un giro significativo con la entrada en vigencia del Decreto 033 de 2025, que habilita a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a comprar predios que hoy están en manos de entidades financieras. Con esta medida, el Gobierno busca avanzar en la Reforma Agraria, priorizando la entrega de tierras a familias campesinas y comunidades étnicas que históricamente han tenido limitaciones para acceder a propiedad rural. La decisión reactiva instrumentos legales que, según las autoridades, llevaban tres décadas sin aplicarse de manera efectiva.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, explicó que este decreto permite implementar plenamente disposiciones que estaban contempladas desde la Ley 160 de 1994, pero que nunca habían tenido ejecución práctica. A partir de ahora, las entidades financieras que reciban predios como pago de créditos hipotecarios u operaciones similares deberán informar a la ANT, que tendrá la primera opción de compra para destinarlos a procesos de redistribución. Según Harman, este paso corrige una deuda histórica del Estado y facilita la construcción de un mercado de tierras más transparente y alineado con los objetivos sociales de la reforma.

El decreto también incorpora ajustes al Decreto 1071 de 2015, modificado en 2025, para estandarizar el flujo de información entre bancos y la Agencia. Así, los predios que ingresen a manos de entidades financieras por liquidación de deudas o negocios jurídicos deberán ser reportados oportunamente, lo que permitirá mapear zonas estratégicas y acelerar los procesos de adquisición voluntaria de tierras con fines agrarios.

La normativa también establece que los propietarios, incluidos ganaderos y dueños de predios ubicados en áreas relevantes para la Reforma Agraria, deberán anunciar previamente a la ANT su intención de venta. La Agencia contará con un plazo de 15 días para decidir si adquiere el predio; de no hacerlo, el propietario podrá vender a cualquier otro interesado. Este mecanismo garantiza prioridad al Estado en territorios donde la redistribución de tierras es considerada crucial para el desarrollo rural y la reducción de desigualdades estructurales.

La compra voluntaria seguirá siendo el eje del proceso. La ANT deberá realizar todos los análisis jurídicos, técnicos y territoriales, evaluar la viabilidad de cada predio y presentar ofertas formales de adquisición. Con ello, el Gobierno busca no solo ampliar el acceso a la tierra, sino también evitar conflictos, fortalecer la seguridad jurídica y promover un uso más equitativo del territorio.

El nuevo enfoque representa un intento por dinamizar una reforma que ha enfrentado rezagos históricos. Para las comunidades rurales, el mecanismo abre la posibilidad de acceder a predios productivos sin depender de procesos judiciales o expropiatorios. Para el Estado, ofrece una herramienta más ágil y directa para cumplir compromisos en materia de desarrollo rural integral y reemplazar esquemas que durante décadas mostraron resultados limitados.

Con la implementación del Decreto 033 de 2025, la Reforma Agraria colombiana retoma impulso con un instrumento que combina mercado de tierras, acceso preferencial del Estado y formalización rural. Su impacto dependerá de la capacidad operativa de la ANT, la disposición de bancos y propietarios a participar y el avance en los procesos de acompañamiento técnico y productivo a las comunidades beneficiarias.