La reforma que promete cambiar la vida de los trabajadores rurales en Colombia
El Congreso recibió un proyecto para crear un contrato agrario con aportes sociales, salario mínimo garantizado y nuevas reglas laborales para el campo.
Colombia dio un nuevo paso hacia una reforma laboral enfocada en el campo. El Gobierno Nacional acompañó en el Congreso la presentación de un proyecto de ley que busca crear el contrato agrario y regular el jornal rural con el objetivo de formalizar el empleo agropecuario, ampliar la cobertura social y reducir la precarización que afecta a millones de trabajadores rurales.
La iniciativa fue impulsada por los representantes Alfredo Mondragón y Karen López y apunta a modificar de manera profunda las relaciones laborales en la agricultura colombiana, uno de los sectores con mayores niveles de informalidad del país.
Actualmente, el agro emplea a cerca de 3,4 millones de personas, equivalentes al 14,4 % de la fuerza laboral nacional. Sin embargo, según datos oficiales del Dane, más del 83 % de los trabajadores rurales permanece en la informalidad.
El proyecto propone incorporar garantías laborales adaptadas a las dinámicas productivas del campo, especialmente en actividades temporales, estacionales y de cosecha.
El nuevo contrato agrario incluiría salario y prestaciones sociales
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un contrato agropecuario específico para tareas de producción y transformación primaria.
La propuesta establece que los trabajadores rurales deberán recibir pagos no inferiores al salario mínimo vigente más un factor prestacional mínimo del 30 %, incluyendo aportes y beneficios sociales.
Además, el proyecto contempla descansos remunerados, pago de recargos nocturnos y suplementarios, pausas de alimentación e hidratación y mecanismos de protección frente a condiciones climáticas extremas.
Otro punto relevante es que el tiempo de disponibilidad del trabajador también sería reconocido como parte de la jornada laboral remunerada.
Desde el Gobierno colombiano sostienen que la reforma busca saldar una deuda histórica con el campesinado y avanzar hacia un modelo con mayor protección social y estabilidad laboral en el agro.
La reforma apunta contra la tercerización laboral en el campo
La iniciativa también propone prohibir la tercerización e intermediación laboral para el suministro de mano de obra agropecuaria, una práctica ampliamente utilizada en distintas actividades rurales.
Además, habilita sistemas de cotización a seguridad social por días o semanas para adaptarse a la naturaleza estacional de muchos trabajos agrícolas.
Otro aspecto destacado es que la formalización laboral no afectaría la clasificación de los trabajadores dentro del Sisbén ni limitaría el acceso a subsidios estatales y programas sociales.
La propuesta también obliga a las cajas de compensación familiar a ampliar servicios de bienestar, educación y recreación destinados a trabajadores rurales y sus familias.
El agro colombiano enfrenta el desafío de modernizar el empleo rural
El debate aparece en un momento donde distintos organismos internacionales vienen advirtiendo sobre la baja cobertura previsional y social de trabajadores rurales en América Latina, especialmente entre jóvenes y mujeres.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma permitirá reducir brechas históricas entre el campo y las ciudades y generar condiciones laborales más estables dentro de la economía agropecuaria.
Sin embargo, el proyecto también abre interrogantes sobre el impacto económico que podrían tener las nuevas obligaciones laborales sobre productores, contratistas y actividades intensivas en mano de obra.
La discusión recién comienza en el Congreso, pero ya instaló un tema sensible para el agro colombiano: cómo avanzar hacia una mayor formalización sin afectar competitividad ni empleo en uno de los sectores más importantes de la economía del país.
