El gobierno de Gustavo Petro ha decidido avanzar con fuerza en una jugada que puede modificar el equilibrio agroindustrial en la región. Colombia está reforzando su alianza con una compañía estatal venezolana dedicada a la producción de fertilizantes, en una apuesta que busca asegurar el suministro de insumos estratégicos para el campo nacional y reducir la dependencia de mercados externos.

El respaldo a esta empresa -con sede operativa en Barranquilla y origen venezolano- no es nuevo, pero sí ha ganado impulso tras el levantamiento del control especial que ejercía la Superintendencia de Sociedades. La medida permite un mayor margen de maniobra para su reactivación productiva, lo que a su vez allana el camino para futuras inversiones de capital público.

"La soberanía alimentaria no puede quedar atada a los intereses del mercado global", afirmó recientemente Petro, en clara referencia a los impactos que provocó en Colombia el aumento internacional de los precios de fertilizantes tras la guerra en Ucrania. El mandatario insiste en que el país debe contar con su propia capacidad de producción de insumos esenciales, y en ese marco, la compañía estatal venezolana aparece como un socio prioritario.

Esta estrategia no pasa desapercibida en Washington. Desde Estados Unidos, sectores diplomáticos y analistas vienen expresando preocupación por la creciente cooperación entre Bogotá y Caracas, especialmente cuando involucra activos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque no ha habido pronunciamientos oficiales directos, la administración Biden mantiene una política ambigua: tolerancia con condiciones.

En la práctica, la empresa ha vuelto a operar con relativa normalidad, luego de un período de inestabilidad legal y política que se remonta a 2019, cuando fue intervenida bajo el paraguas del líder opositor Juan Guaidó, con apoyo estadounidense. Hoy, con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, el escenario ha cambiado de forma sustancial.

El sector agropecuario colombiano respalda en su mayoría la decisión oficial, especialmente entre los productores pequeños y medianos que buscan reducir los costos asociados a los fertilizantes. Los gremios destacan que una producción nacionalizada, aunque con capital extranjero de origen estatal, puede traducirse en precios más estables y menor exposición a crisis externas.

Pero no todo son certezas. El acuerdo despierta interrogantes sobre la profundidad de la cooperación entre los gobiernos de Petro y Maduro, y sobre los posibles efectos colaterales en la relación entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente marcada por una fuerte cooperación económica y de seguridad.

En este contexto, otros países de la región como Brasil también observan con atención. En los últimos años, el gigante sudamericano ha apostado por reforzar su propia capacidad de producción de insumos agrícolas a través de programas como el Plan Safra, priorizando una autonomía que, sin vincularse directamente a regímenes cuestionados, comparte objetivos con la visión colombiana.

La diferencia está en los aliados elegidos. Mientras Brasil diversifica sus proveedores y refuerza sus industrias nacionales, Colombia apuesta por una sinergia con una empresa pública venezolana que no ha escapado al radar geopolítico.

A nivel interno, aún quedan decisiones por tomar: ¿habrá inyección directa de capital estatal colombiano? ¿Se conformará una nueva figura de cogestión binacional? ¿Cómo se amortiguarán los posibles costos diplomáticos con Estados Unidos?

Lo concreto es que, más allá de las tensiones, la compañía venezolana vuelve a ocupar un lugar central en la estrategia productiva colombiana. Ya no como una carga heredada, sino como una herramienta activa para construir autonomía, en tiempos donde la seguridad alimentaria es también un frente político.