Tras el acuerdo alcanzado con los arroceros, que derivó en la fijación de un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, ahora son los productores de papa quienes exigen al Gobierno colombiano una medida similar.

Organizaciones del sector papero están pidiendo la firma urgente de una resolución que establezca un precio piso para la papa, como respuesta al colapso de los precios de venta, que no cubren ni siquiera los costos de producción. El reclamo se formalizó esta semana en medio de protestas y bloqueos de vías, especialmente en el departamento de Boyacá, donde se concentra buena parte de la producción.

El detonante fue la reciente resolución oficial que garantizó un precio mínimo para el arroz, como parte de los compromisos que levantaron el paro arrocero. Los paperos advierten que el precedente ya está sentado, y reclaman el mismo trato para su sector, que también enfrenta una crisis profunda.

En un comunicado conjunto, las organizaciones papicultoras criticaron que "escuchar y dialogar no es suficiente". Denuncian que las mesas realizadas en Villapinzón, Soracá y Bogotá no han dado respuestas concretas, y que los funcionarios encargados de atender sus demandas no cuentan con poder de decisión.

Las pérdidas son millonarias. Según el comunicado, el costo de producción de una carga de papa ronda entre los COP 80.000 y COP 100.000 (USD 20 a 25), mientras que los precios de venta han caído por debajo de los COP 30.000 (USD 7). Frente a esta situación, el sector pide un esquema de apoyo a la comercialización, en el que el Estado asuma la diferencia entre el precio de producción y el precio de mercado.

El reclamo también incluye acciones estructurales, como la renegociación de los tratados de libre comercio, el control efectivo del contrabando y el combate a los delitos económicos que afectan al agro. Aseguran que las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes, y que la situación requiere decisiones urgentes y eficaces.

La protesta de los paperos refleja un creciente malestar en el campo colombiano, donde los precios bajos, la competencia externa y la falta de infraestructura están llevando a muchos pequeños y medianos productores al límite. Para ellos, el reciente acuerdo con el sector arrocero no solo sienta un precedente, sino que alimenta una expectativa legítima: que el Gobierno actúe con el mismo compromiso y rapidez frente a otras crisis agrícolas.