La reciente actualización del marco regulatorio fitosanitario en Estados Unidos ha generado preocupación creciente entre los exportadores agrícolas latinoamericanos. La entrada en vigor de nuevos estándares sobre residuos de pesticidas, trazabilidad de frutas frescas y certificaciones de origen vegetal, amenaza con restringir el acceso a uno de los mercados más importantes para la región.

México, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Guatemala, entre otros, ya han manifestado inquietud por los efectos comerciales que podrían derivarse de esta política. En sectores como el del aguacate, mango, espárrago, uva, banano y flores, los costos de adaptación aumentan considerablemente, especialmente para pequeños y medianos productores que no cuentan con capacidades técnicas ni infraestructura para cumplir con los nuevos requisitos.

Desde la perspectiva latinoamericana, estos cambios representan una forma de barrera no arancelaria, encubierta bajo criterios de inocuidad alimentaria, que afecta directamente la ventaja comparativa de las exportaciones agroalimentarias. Además, se perciben como un retroceso en los compromisos de facilitación comercial establecidos en el marco del T-MEC y otros tratados bilaterales.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, argumentan que las nuevas medidas buscan proteger la salud pública y prevenir la introducción de plagas exóticas, en un contexto de creciente presión política y social por reforzar los controles sanitarios en la cadena alimentaria.

El conflicto ha escalado a nivel diplomático y técnico. Delegaciones de varios países del Cono Sur han solicitado consultas bilaterales y reuniones en foros como el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Asimismo, organismos regionales como el IICA y la FAO han ofrecido asistencia técnica para adaptar las exportaciones a los nuevos requerimientos sin comprometer el flujo comercial.

La discusión no es nueva. Cada vez que se actualizan los parámetros fitosanitarios en EE.UU. o la UE, se reaviva el debate sobre el equilibrio entre protección sanitaria legítima y proteccionismo comercial encubierto. Para América Latina, esta situación subraya la urgencia de invertir en tecnificación, trazabilidad, laboratorios y diplomacia sanitaria como parte de su estrategia de acceso a mercados.

En paralelo, algunos países están apostando por la diversificación de destinos agroexportadores, fortaleciendo vínculos con Asia, Medio Oriente y mercados intra-regionales menos exigentes en términos normativos. Sin embargo, EE.UU. sigue representando una proporción clave de las exportaciones agrícolas latinoamericanas, especialmente para productos perecederos de alto valor.

La tensión actual entre normas sanitarias y comercio agroalimentario expone las asimetrías estructurales de los sistemas regulatorios globales. Superarlas requerirá cooperación técnica, diálogo político y una visión compartida sobre el futuro del comercio seguro, pero justo.