La Defensoría del Pueblo celebró el fallo de la Corte Constitucional que ratifica la mayor parte de la Ley Estatutaria que organiza la Jurisdicción Agraria y Rural, al considerar que constituye un paso histórico en la garantía de derechos para comunidades campesinas y rurales. Con la Sentencia C-340 de 2025, el alto tribunal abrió la puerta a un sistema judicial especializado que permitirá atender de forma directa y diferenciada los conflictos de tierras en Colombia.

De acuerdo con la Defensoría, la nueva jurisdicción judicial transformará realidades marcadas por profundas desigualdades en el acceso a la tierra y ofrecerá un mecanismo más ágil y cercano para resolver disputas rurales. Este esfuerzo se enmarca en los compromisos del Acuerdo Final de Paz, particularmente en la necesidad de garantizar justicia y reconocimiento a las comunidades históricamente excluidas.

Los datos reflejan la dimensión del desafío. Según la encuesta GEIH del DANE, el 13,3 % de la población mayor de 15 años residente en cabeceras se reconoce como campesina, y dentro de ese universo las mujeres representan casi la mitad. Sin embargo, persisten fuertes limitaciones en materia de propiedad y acceso a la tierra. Para la Defensoría, la Jurisdicción Agraria deberá incorporar un enfoque real y efectivo de género, territorial y diferencial para derribar esas barreras estructurales.

El nuevo esquema no solo busca resolver disputas, sino también brindar acompañamiento jurídico y procesos de formación que permitan a las mujeres campesinas fortalecer su reconocimiento como propietarias y sujetas plenas de derechos. "Su implementación traerá como impacto un acceso más ágil y oportuno a la justicia en zonas priorizadas, acompañado de asesoría legal y formación especializada", señaló la entidad.

La Corte, además, dispuso que los jueces y magistrados de esta jurisdicción deberán ser seleccionados no solo por su experiencia en derecho agrario, sino también por su sensibilidad frente a los derechos de campesinos, comunidades étnicas, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado. En ese sentido, la aplicación de criterios de género, enfoque territorial y diferencial será clave en los procesos de selección.

La Defensoría del Pueblo aseguró que acompañará de cerca la implementación, con el propósito de que esta jurisdicción no se limite al plano normativo, sino que se convierta en una realidad tangible para los territorios rurales del país. Con ello, se espera avanzar en la construcción de un sistema de justicia más inclusivo, que responda a los compromisos adquiridos en la paz y a las necesidades de quienes han estado más alejados de las instituciones.