Cincuenta años después de haber adoptado su Código Sísmico, que protegió durante décadas a la población frente a terremotos, Costa Rica se prepara para dar un paso histórico en materia de prevención: la creación del primer Código de Adaptación al Cambio Climático del mundo. El objetivo es establecer normas técnicas, legales y de planificación con carácter obligatorio para reducir los riesgos crecientes de olas de calor, sequías prolongadas, lluvias extremas e inundaciones.

El proyecto, liderado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuenta con recursos propios y del Fondo Verde del Clima (FVC). Desde 2024 avanza en recopilación de datos, análisis técnico y consulta pública. Los primeros resultados se presentarán en la COP30, reafirmando el compromiso costarricense con la resiliencia climática.

A diferencia de los planes de adaptación, que suelen ser programáticos y con plazos definidos, el Código establecerá estándares permanentes, transversales y jurídicamente vinculantes. Mientras un plan indica qué se debe hacer y cuándo, el Código define cómo debe hacerse y con qué estándares mínimos, fortaleciendo los planes existentes y garantizando criterios uniformes y verificables.

La urgencia del instrumento se apoya en evidencia científica. Informes del Estado de la Región y de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) concluyen que ninguna provincia está exenta de los impactos: sequías severas en Guanacaste, alteraciones en los patrones de lluvia en el Valle Central y crecientes inundaciones en áreas densamente pobladas como San José y Heredia. Además, el más reciente reporte de la OMM (2025-2029) estima en 80% la probabilidad de superar temporalmente 1,5°C del Acuerdo de París, con efectos directos en Centroamérica.

El Código Climático fijará estándares técnicos y buenas prácticas para infraestructura, agricultura, energía, salud, turismo y ordenamiento territorial. Exigirá que los gobiernos locales integren los riesgos climáticos en sus planes de desarrollo y presupuestos, promoviendo un ordenamiento territorial resiliente. También regulará obras públicas y privadas, para que el diseño, la construcción y la operación cumplan criterios de adaptación y gestión del riesgo.

Un componente innovador será el Sistema Nacional de Información sobre Adaptación, que centralizará mapas de riesgo, proyecciones climáticas y experiencias exitosas. Esta plataforma permitirá decisiones basadas en evidencia tanto en el sector público como en el privado, optimizando inversiones y reduciendo pérdidas futuras.

Pese a su liderazgo en mitigación -con más del 90% de la electricidad generada mediante fuentes renovables como hidroeléctrica, geotermia, eólica y solar-, Costa Rica reconoce la urgencia de adaptarse. La alerta de racionamientos eléctricos en el verano de 2024 mostró cómo la variabilidad climática puede desafiar incluso sistemas consolidados. Por eso, la adaptación de la matriz energética, la diversificación de fuentes y la resiliencia de la infraestructura son prioridades inmediatas.

Más allá de lo técnico, el Código aspira a ser una política de Estado que movilice inversión, innovación y planificación a largo plazo. Su meta es proteger vidas, reducir pérdidas económicas y garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Como sucedió con el Código Sísmico, Costa Rica busca ofrecer un modelo replicable para otros países con vulnerabilidades similares. En un mundo donde las respuestas suelen postergarse, el país apuesta por la anticipación y la acción concreta. Enfrentar el nuevo clima exige herramientas nuevas. Este Código quiere ser una de ellas.