La historia se repite, el daño persiste. A las 17:15 del lunes 7 de julio, mientras los pobladores de Lobitos se reunían para reorganizar sus reclamos por un derrame anterior, otra fuga de crudo se registraba en el pozo 383, una instalación inactiva cerca del mar. Petroperú, la empresa estatal, atribuyó el incidente a la "manipulación externa" del sistema.

Pero la comunidad no lo cree. "Es como echarle la culpa a un fantasma", afirma Iván Vite, del Comité Ambiental de Lobitos. La desconfianza tiene fundamentos: en diciembre pasado se produjo otro derrame y, según los pescadores, las respuestas fueron tardías e insuficientes. Aquel episodio implicó el vertido de 0,95 barriles; el más reciente fue de 5,46 barriles, afectando 6.425 m2.

Una costa saturada de pasivos y silencio

Entre 1997 y 2023 se han registrado 1.462 derrames de petróleo en Perú, de los cuales 609 ocurrieron en la costa. 566 de ellos sólo en Piura, la región que alberga a Lobitos y Negritos. Allí, las huellas del petróleo se mezclan con la arena y la vida cotidiana. El Salar de Negritos, incluso declarado de interés turístico, exhibe pozos que aún borbotean crudo.

Impacto humano y ecológico

Paulo Benítez, extractor de percebes, relató que vio tortugas, meros y caballitos de mar muriéndose tras el derrame de diciembre. "Los percebes estaban llenos de petróleo". Carla Cavani, hotelera local, sentencia: "Lobitos es un paraíso, pero con plataformas oxidadas, deja de serlo". Los surfistas, pescadores y empresarios coinciden: el sistema está obsoleto y sin plan de prevención.

El legado de Ventanilla y la impunidad empresarial

El caso más desastroso sigue siendo Ventanilla en 2022, con 11.900 barriles derramados, 713 hectáreas de mar contaminadas y 500 especies afectadas. La empresa Repsol aún debe más de 47 millones de dólares en multas, según Mongabay. En Lobitos, Petroperú entregó tarjetas de consumo de 1.500 soles como compensación. Pero los pescadores siguen en incertidumbre.

Fallas estructurales y un Estado lento

Gabriela Ramírez, del Instituto del Territorio de la PUCP, apunta a una "falta de institucionalidad ambiental y remediación eficaz". Juan Carlos Riveros, de Oceana, denuncia que los derrames se detectan tarde porque "las autoridades no tienen capacidad ni voluntad preventiva". El enfoque de sostenibilidad de la Agenda 2030 sigue sin aterrizar en el mar peruano.

Conclusión: un clamor que no se apaga

Lobitos parece condenado a convivir con los derrames, los pasivos y el abandono. Como en Macondo, su historia está marcada por oleadas petroleras, olvido institucional y resistencias ciudadanas. El mar, testigo de todo, sigue contaminado mientras las soluciones se diluyen como el crudo en sus aguas.