El Bono Raíces, creado el 12 de septiembre de 2025 como compensación por la eliminación del subsidio al diésel, ha desatado una respuesta masiva entre los agricultores ecuatorianos. En ciudades como Riobamba y Guaranda, cientos de pequeños productores han hecho largas filas para acceder a este beneficio de USD 1.000, dirigido exclusivamente a quienes forman parte de la agricultura familiar campesina.

En Ecuador existen cerca de 1,6 millones de personas en este segmento, pero el gobierno ha anunciado que solo 100.000 agricultores recibirán la ayuda. El atractivo del bono no sorprende: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el segundo trimestre de 2025 los trabajadores agrícolas tuvieron un ingreso promedio de USD 221 al mes, menos de la mitad del salario básico de USD 470. Un jornalero rara vez supera los USD 300 mensuales, por lo que un bono de USD 1.000 equivale a más de tres meses de trabajo.

Expertos señalan que la medida tiene un efecto inmediato, aunque limitado. Para Rubén Flores, exministro de Agricultura, este tipo de transferencias "inyectan liquidez a las familias rurales" y pueden destinarse tanto a mejorar labores agrícolas como a cubrir necesidades básicas. Sin embargo, advierte que se trata de un apoyo coyuntural, sin capacidad de resolver los problemas estructurales del campo.

Otros actores, como Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Zona 1, critican que no haya condicionamientos que obliguen a invertir el dinero en actividades productivas. En su opinión, sería preferible un esquema como el del Bono de los 1.000 días, donde los recursos están sujetos a controles vinculados a la salud y el desarrollo. Coinciden, sin embargo, en que el Bono Raíces es una medida de corto plazo con un interés político, sin impacto profundo en la sostenibilidad del sector.

No es la primera transferencia directa que reciben los agricultores bajo el actual gobierno. En marzo de 2025 ya se había implementado un bono de USD 800 para enfrentar pérdidas por el temporal climático adverso, que alcanzó a más de 14.000 productores de ocho provincias.

El contexto confirma la paradoja de la agricultura ecuatoriana: aporta cerca del 7% del PIB, genera 32% del empleo nacional y logró crecer un 3% en 2024, incluso cuando la economía general cayó. Para 2025, el Banco Central del Ecuador estima que el agro crecerá un 13%, liderado por el repunte del cacao, uno de los principales rubros de exportación. Sin embargo, la realidad de la agricultura familiar campesina muestra bajos ingresos, alta informalidad y precariedad laboral. Según el INEC, la mitad de los trabajadores informales están en el campo, y el 36% de quienes se encuentran en subempleo también dependen de actividades agrícolas.

Los especialistas advierten que la solución no pasa solo por bonos. Se requieren inversiones en capacitación, asistencia técnica, infraestructura de riego, semillas mejoradas e investigación aplicada, además de políticas que reduzcan la intermediación y permitan que los productores accedan a mercados internacionales.

En paralelo, el presupuesto del Ministerio de Agricultura se ha ido reduciendo: en 2015 fue de USD 404 millones, mientras que en 2025 se prevé apenas USD 272 millones, con menos de una cuarta parte ejecutada hasta agosto. Proyectos de fomento productivo y comercialización figuran entre los de menor asignación, lo que evidencia la falta de prioridad estatal para un sector que sigue siendo vital en la economía del país.

El Bono Raíces expone así las dos caras del agro ecuatoriano: por un lado, un sector que crece y sostiene exportaciones estratégicas; por otro, miles de familias rurales que sobreviven con ingresos muy por debajo de la línea de pobreza, dependiendo de transferencias temporales que alivian en el corto plazo, pero no cambian la raíz del problema.