Ecuador

La prohibición del clorpirifos abre incertidumbre en el campo ecuatoriano

La decisión de retirar el clorpirifos aceleró alertas entre productores y exportadores por controles, residuos y manejo de stocks en el campo.

Ana Sofía Pineda
Redactora especializada en agricultura en América Latina. Cubre actualidad agropecuaria, política rural, innovación y comercio agroalimentario, con foco en el impacto regional de las decisiones productivas y regulatorias.

Ecuador decidió prohibir oficialmente la importación y registro del insecticida clorpirifos, una molécula ampliamente utilizada en distintos cultivos agrícolas y cuestionada internacionalmente por sus posibles efectos sobre la salud y el ambiente. La medida fue implementada por Agrocalidad a través de una resolución publicada el 19 de mayo y ya comenzó a generar preocupación dentro del sector productivo y exportador.

La normativa obliga a importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores a presentar en un plazo de diez días un inventario detallado de existencias ante la autoridad fitosanitaria ecuatoriana.

Además, las empresas vinculadas a la cadena comercial deberán entregar un plan formal para el retiro, eliminación o destrucción del producto bajo criterios técnicos y ambientales alineados con estándares internacionales.

La decisión coloca a Ecuador dentro de una tendencia global que avanza sobre la reducción de insecticidas organofosforados y promueve alternativas biológicas o productos con menores residuos químicos.

Productores y exportadores alertan por vacíos en la implementación

Aunque la resolución ya entró en vigencia, parte del sector agrícola advierte que todavía existen dudas importantes sobre cómo se aplicará la medida en la práctica.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el manejo de los stocks que ya se encuentran dentro de los establecimientos agrícolas y que fueron adquiridos antes de la prohibición.

Especialistas del sector sostienen que el control planteado por Agrocalidad se concentra sobre los canales formales de distribución, pero no define claramente qué ocurrirá con los productos almacenados en fincas o explotaciones agrícolas.

También existe preocupación por el posible impacto comercial que podría producirse si mercados internacionales detectan residuos de clorpirifos en productos ecuatorianos luego de la entrada en vigor de la prohibición.

La situación adquiere especial sensibilidad en un país fuertemente orientado a la exportación agrícola y sujeto a estrictos controles fitosanitarios por parte de compradores internacionales.

La presión internacional acelera cambios en el uso de agroquímicos

La salida del clorpirifos del mercado ecuatoriano refleja un proceso que ya se viene observando en otros países impulsado principalmente por las exigencias de la Unión Europea y Estados Unidos.

En distintos mercados internacionales crece la presión para reducir residuos químicos en frutas, hortalizas y otros alimentos exportables, obligando al agro a buscar nuevas estrategias de manejo sanitario.

Ese escenario está acelerando inversiones en bioinsumos, control biológico y moléculas consideradas de menor impacto ambiental.

Sin embargo, productores y técnicos advierten que la transición requiere tiempo, capacitación y definiciones regulatorias claras para evitar problemas productivos y comerciales.

El debate también abre interrogantes sobre cómo se controlará el uso irregular del producto luego de la prohibición y cuáles serán las sanciones para empresas o productores que continúen aplicándolo en cultivos agrícolas.

Mientras tanto, el agro ecuatoriano enfrenta un nuevo escenario regulatorio que podría modificar prácticas sanitarias históricas y acelerar la reconversión hacia esquemas de producción con menor dependencia de agroquímicos tradicionales.

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