El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) de Ecuador anunció que todas las siembras de banano no autorizadas establecidas hasta la emisión del Decreto Ejecutivo Nº 231 deberán iniciar un proceso de registro y regularización. El plazo máximo para completar el procedimiento se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, según el comunicado oficial de la entidad.

El anuncio busca ordenar un sector estratégico para el país, donde la expansión de áreas no registradas ha generado desequilibrios en la oferta, trazabilidad limitada y dificultades para aplicar políticas públicas de control y sanidad vegetal.

Tarifas diferenciadas según la fecha de solicitud

El MAGP recordó que, conforme al Acuerdo Ministerial Nº 132, las solicitudes ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2025 deberán cancelar el valor establecido en el artículo 8 de la Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización de Banano.

En cambio, quienes presenten la solicitud después de esa fecha deberán pagar el mismo valor base más una tarifa adicional equivalente a un salario básico unificado, según lo establecido en el artículo 16 del Acuerdo Ministerial Nº 103.

La diferencia tarifaria busca incentivar que los productores regularicen su situación dentro del primer año, reduciendo la carga económica del proceso y acelerando el ordenamiento productivo.

Unidad técnica de apoyo y requisitos de regularización

El MAGP habilitará una unidad especializada para acompañar a productores y facilitar el procedimiento de inscripción. Los requisitos completos se encuentran detallados en el artículo 14 del Acuerdo Ministerial Nº 103, disponible en el portal oficial:
www.agricultura.gob.ec/acuerdo-ministerial-103

Entre los criterios de validación se incluyen aspectos relacionados con ubicación, áreas sembradas, documentación de la propiedad y cumplimiento de normas fitosanitarias.

Un paso para fortalecer la competitividad bananera

El ministerio destacó que la regularización de plantaciones es fundamental para mejorar la transparencia, la competitividad y la sostenibilidad de la cadena bananera, uno de los pilares agrícolas y de exportación de Ecuador.

El ordenamiento permitirá contar con estadísticas más precisas, reforzar la planificación del sector, asegurar la aplicación de normas ambientales y mejorar los mecanismos de control frente a riesgos sanitarios como plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria.

La cartera reiteró que la formalización beneficia tanto a productores como a exportadores, dado que un sistema más regulado favorece la estabilidad de precios, la certificación de origen y el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales.