El 89% sin habilitación: alertan fallas en productores de O'Higgins
Un relevamiento en campo mostró brechas críticas en registros, uso de fitosanitarios e inocuidad, con impacto directo en acceso a mercados.
Una capacitación realizada en la Universidad de O'Higgins evidenció en abril de 2026 brechas sanitarias y de trazabilidad en productores hortícolas y apícolas, a partir de un trabajo en terreno con 66 casos. El diagnóstico, enmarcado en el proyecto FIC Sello Reducción de Riesgos Alimentarios (RRA), expone limitaciones que condicionan la inocuidad, el cumplimiento normativo y la posibilidad de acceder a mercados más exigentes.
Entre los datos más relevantes, en horticultura el 89% de los productores no cuenta con resolución sanitaria y solo el 40% mantiene registros productivos, lo que refleja debilidades en control de procesos y seguimiento de prácticas. En apicultura, la situación también presenta desafíos: apenas el 25% dispone de resolución sanitaria y un 54% registra información de forma incompleta, lo que limita la trazabilidad y la capacidad de respuesta ante auditorías o inspecciones.
A estas cifras se suman otras falencias operativas. Solo el 11% de los productores cuenta con credencial de aplicador, mientras que se detectaron debilidades en sanitización, control de peligros y capacitación técnica. El análisis remarca que estos problemas no se presentan de forma aislada, sino que están vinculados a infraestructura, gestión de registros y formación técnica, lo que requiere un abordaje integral.
Durante la jornada, se presentaron medidas concretas para reducir riesgos tanto en campo como en instalaciones de proceso. En el caso de la horticultura, se enfatizó el uso de fuentes de agua seguras, la limpieza de canales, el control de ingreso de animales y el registro de aplicaciones, además del almacenamiento adecuado de agroquímicos y prácticas de higiene en cosecha y poscosecha.
Inocuidad y exigencias regulatorias redefinen el estándar productivo
En apicultura, el foco estuvo en la adopción de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para garantizar la calidad de la miel. Se abordaron aspectos como la limpieza de herramientas, la cosecha en estado óptimo, el manejo del apiario y las condiciones de las salas de extracción, incluyendo superficies lavables, control de plagas y registros sistemáticos.
Desde la coordinación del proyecto remarcaron que la inocuidad no depende únicamente de instancias de fiscalización, sino de decisiones cotidianas dentro del predio. La mejora en los registros, la separación de áreas y el manejo adecuado de insumos permiten reducir riesgos y fortalecer la calidad del producto, además de posicionar mejor a los productores frente a nuevas exigencias comerciales.
El contexto regulatorio también suma presión. Según datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en Chile se comercializan 1.448 plaguicidas y más de 61.000 toneladas anuales, con la región de O'Higgins concentrando más del 50% del volumen. Este escenario obliga a un uso más responsable de fitosanitarios, no solo por cuestiones ambientales, sino también por su impacto en la inocuidad alimentaria.
Entre las exigencias vigentes, se destacó la protección de polinizadores. El uso de productos tóxicos requiere notificación previa a apicultores con al menos 48 horas de anticipación, además de priorizar aplicaciones en horarios de menor actividad de las abejas.
Los resultados del relevamiento confirman que avanzar en trazabilidad, cumplimiento sanitario y capacitación técnica será determinante para sostener la competitividad de los sistemas productivos. En un escenario donde los mercados demandan mayor transparencia y estándares más estrictos, cerrar estas brechas aparece como una condición necesaria para el desarrollo del sector.
