México dio un paso estructural para el futuro de su cafeticultura con la entrada en vigencia de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura (LDSC), un marco jurídico integral que abarca producción, industrialización, comercialización, calidad y sustentabilidad a lo largo de toda la cadena del café.

Desde el gobierno destacan que se trata de la primera norma que ordena el sector de manera completa, incorporando instrumentos de información, coordinación y seguimiento de precios que buscan dar previsibilidad a los productores frente a la volatilidad del mercado internacional.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, subrayó que la ley reconoce al café como producto estratégico para la soberanía alimentaria, y pone el foco en beneficios concretos para quienes lo producen. Entre ellos, el acceso a datos confiables sobre precios, costos y mercados, y un esquema que promueve el pago por calidad, incorporando factores ambientales y culturales.

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana (CNDCM), concebida como un espacio de diálogo y coordinación entre el sector público, social y privado. Desde allí se impulsarán planes, programas y proyectos para mejorar la eficiencia del uso de recursos públicos y fortalecer el crecimiento del sector.

La comisión tendrá un rol activo en la integración de información de productores, acopiadores, industriales, comercializadores, importadores y exportadores, además de facilitar el acceso directo de los cafeticultores a los mercados, reduciendo la dependencia de intermediarios y apuntando a ingresos más justos.

Información clave para decidir mejor

La LDSC también establece el Sistema Nacional de Información de la Cafeticultura, que reunirá datos actualizados sobre clima, producción, costos, precios, comercio interno y externo. El objetivo es que toda la cadena pueda tomar decisiones basadas en información transparente y verificable, algo largamente demandado por los productores.

Este sistema incluirá un registro nacional de todos los actores del sector y aportará información sobre regionalización cafetalera, zonas de cultivo y su vínculo con áreas naturales protegidas y esquemas de conservación.

Precios de referencia para enfrentar la volatilidad

Otro instrumento central es la creación de un Comité de Seguimiento de Precios, que elaborará indicadores de referencia no obligatorios, construidos a partir de costos promedio de producción y precios observados en los mercados nacional e internacional.

Según explicó Berdegué, se trata de una herramienta clave para orientar las decisiones comerciales. Los precios de referencia no fijarán valores oficiales, pero sí marcarán señales claras al mercado, considerando costos, márgenes, precios internacionales y dinámicas de oferta y demanda.

Previo a cada cosecha, además, se realizará un estudio oficial de expectativas de producción, que será el dato de referencia que México reporte ante la Organización Internacional del Café.

Sustentabilidad como eje productivo

La ley pone un fuerte énfasis en la cafeticultura sustentable, promoviendo sistemas agroforestales y el cultivo bajo sombra, especialmente en corredores biológicos y zonas de influencia de áreas naturales protegidas. En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se impulsarán prácticas agroecológicas orientadas a la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad y la captura de carbono.

También se prevé el desarrollo de instrumentos de financiamiento, seguros y gestión de riesgos, así como apoyos específicos para quienes produzcan café bajo esquemas sustentables, con prioridad para pequeños y medianos cafeticultores.

Más calidad, más valor y más consumo

En materia comercial, la ley busca posicionar al café mexicano por su calidad e identidad territorial, fomentando un pago diferenciado según atributos físicos, sensoriales, ambientales y culturales. Al mismo tiempo, se promueve el consumo interno de café 100 % mexicano y el desarrollo de productos derivados con mayor valor agregado.

Con esta normativa, México apunta a ordenar su cafeticultura, fortalecer a sus productores y construir un sector más resiliente, capaz de enfrentar la volatilidad de precios y responder a las nuevas exigencias de los mercados internacionales.