Este viernes 12 de diciembre entra en vigor en México la nueva Ley de Aguas Nacionales, una reforma que, según referentes del sector productivo, no tendrá efectos negativos sobre la agricultura ni sobre la disponibilidad de agua para riego. Así lo afirmó Luis Xavier Zazueta Ibarra, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), una de las organizaciones más representativas del norte de Sinaloa.

Desde Los Mochis, el dirigente explicó que el texto finalmente aprobado por el Congreso federal otorga certidumbre al valor de la tierra agrícola y a las concesiones de agua, despejando las principales inquietudes que había generado la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Zazueta recordó que, en su versión inicial, la reforma planteaba riesgos para los productores, ya que no quedaba garantizada la concesión de agua en casos de herencia o venta de los predios, lo que podía derivar en una pérdida de valor de la tierra. "Ese punto era una preocupación central para el sector, tanto al heredar como al transferir la propiedad", señaló.

Según explicó, las mesas de diálogo entre productores, legisladores y autoridades permitieron introducir adecuaciones clave al dictamen. "No le vemos mayor problema a la ley en Sinaloa. Las condicionantes que considerábamos peligrosas fueron corregidas y hoy la concesión del agua queda debidamente vinculada a la tierra", afirmó el titular de la AARFS.

El dirigente destacó que el dictamen que finalmente fue votado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado incorporó los ajustes necesarios para proteger la actividad agrícola, reflejando el consenso alcanzado durante el proceso de discusión legislativa.

En cuanto al régimen sancionatorio, Zazueta señaló que el sector avala las penalidades previstas para quienes roben o comercialicen agua de manera ilegal. "El espíritu de la ley es claro: el agua es un bien nacional, vital, y no debe ser objeto de comercio. En ese punto estamos de acuerdo", subrayó.

La nueva Ley de Aguas Nacionales fue publicada el jueves 11 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de su entrada en vigencia, se establece un plazo de 180 días para que se realicen las adecuaciones a los reglamentos correspondientes y para que los congresos estatales armonicen sus legislaciones locales con el nuevo marco federal.

Desde el sector agrícola de Sinaloa, la lectura es clara: la ley no introduce restricciones para la producción ni para el riego, y representa un paso hacia una mayor certeza jurídica en la gestión del recurso hídrico, en un contexto donde el agua es un factor estratégico para la sostenibilidad del agro mexicano.