El gobierno de México anunció la prohibición de 35 plaguicidas considerados de alto riesgo para la salud y el medio ambiente. El decreto, dado a conocer el 3 de septiembre en Palacio Nacional, fue presentado como un paso histórico por las autoridades, aunque especialistas en temas ambientales y de salud pública lo calificaron como un avance simbólico que deja sin cambios de fondo la realidad del campo mexicano: aún permanecen en el mercado más de 200 moléculas altamente peligrosas, vetadas en diversos países.

Desde hace tres décadas no se tomaba una decisión de esta magnitud en el país. La medida implica la revocación de autorizaciones, permisos y registros para producción, importación, transporte, comercialización y uso de las sustancias incluidas en la lista. Sin embargo, de acuerdo con Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), gran parte de los productos señalados ya habían sido retirados años atrás, como el dinoseb (prohibido desde 1991), o el DDT, endosulfán y lindano, cancelados en 2016 por la Cofepris. Otros 13 plaguicidas no podían importarse desde 2020, tras un decreto emitido en el sexenio anterior.

Un decreto cuestionado por su alcance real

Para los expertos, el listado excluye los plaguicidas más utilizados y cuestionados en la agricultura nacional. Entre ellos, el glifosato, señalado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como "probablemente cancerígeno"; el clorpirifos etilo, neurotóxico infantil que la comunidad internacional busca eliminar; el fipronil y los neonicotinoides como el imidacloprid y el tiametoxam, responsables de la mortandad masiva de abejas; y el paraquat, relacionado con la enfermedad de Parkinson y prohibido en 72 países.

Bejarano subrayó que la decisión responde más a un acuerdo político con la industria que a una estrategia integral de salud y medio ambiente: "El decreto actual consolida prohibiciones anteriores, pero no toca a los plaguicidas altamente peligrosos de mayor venta. Son 35 sustancias menos, pero permanecen 200 autorizadas con registros vigentes, lo que sigue exponiendo a la población y a los ecosistemas".

En contraste, la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) celebró la medida y destacó el "profesionalismo" de las autoridades al llegar a un consenso. Su presidente, José Escalante de la Hidalga, aseguró que la decisión genera certidumbre para los agricultores y permite mantener la confianza en los productos fitosanitarios autorizados. La industria resaltó que seguirá trabajando en la fabricación e importación de alternativas reguladas por Cofepris, garantizando -según sus palabras- la rentabilidad de los cultivos y el cuidado de la salud de los trabajadores del campo.

Para los agroindustriales, este decreto contribuye a fortalecer la competitividad internacional de la agricultura mexicana, al ofrecer un marco regulatorio claro sobre qué sustancias pueden usarse y cuáles deben retirarse definitivamente.

Más allá de las diferencias de enfoque, la discusión sobre el uso intensivo de plaguicidas en México sigue abierta. El país ocupa uno de los primeros lugares de consumo en América Latina, lo que genera impactos documentados en poblaciones rurales, suelos, agua y biodiversidad. Por ello, diversos especialistas han pedido establecer una estrategia nacional de reducción progresiva, con participación de organizaciones campesinas, académicos y productores de bioinsumos, para evitar que la transición quede en manos exclusivas de las empresas agroquímicas.

Bejarano propuso la creación de un sistema nacional de vigilancia que permita registrar con transparencia qué sustancias se utilizan, en qué cantidades y en qué regiones, acompañado de metas claras de reducción. También sugirió que la Cofepris actualice el reglamento de registro de plaguicidas, incorporando una categoría específica para los altamente peligrosos, como ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con ello, se darían herramientas legales a las autoridades para avanzar en la prohibición progresiva y facilitar el registro de alternativas de menor riesgo.

Una transición agroecológica pendiente

El reto de fondo, según el especialista, es diseñar una transformación agroecológica de los sistemas productivos que abarque a la pequeña, mediana y gran escala. Esto implicaría una mejor coordinación de programas de fomento agrícola y ambiental impulsados por Sader, Semarnat y la Secretaría de Bienestar, junto con gobiernos estatales y productores.

"El problema no se resuelve sustituyendo un plaguicida por otro", advirtió Bejarano, "sino estableciendo un cambio de fondo en la forma de producir alimentos".

La expectativa ahora está puesta en la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para dar continuidad a este proceso. Aunque la prohibición de 35 plaguicidas marca un precedente, el verdadero desafío será enfrentar los intereses económicos detrás de los 200 plaguicidas altamente peligrosos que aún circulan legalmente en México y que han sido vetados en buena parte del mundo.