México dio un paso histórico en materia agroalimentaria al anunciar la prohibición de 35 plaguicidas altamente peligrosos. La decisión, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, establece que estas sustancias no podrán ser producidas, importadas, formuladas, comercializadas ni aplicadas en el campo mexicano. La medida llega después de más de tres décadas sin restricciones de este alcance, ya que la última prohibición masiva había ocurrido en 1991 e incluyó apenas 21 ingredientes activos.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, subrayó que la decisión responde a evidencia científica y a las recomendaciones de organismos internacionales. "Todas estas moléculas están prohibidas en uno o más países con los que México mantiene comercio agroalimentario activo", señaló, destacando que se trata de una medida que también fortalece la competitividad del sector agrícola mexicano frente a los mercados externos.

Los plaguicidas incluidos en la lista abarcan una amplia gama de compuestos, entre los que destacan DDT, Aldicarb, Carbofurano, Endosulfán, Clordano, Lindano, Paratión etil y Azinfos metílico. En conjunto, representan algunos de los productos más cuestionados a nivel mundial por sus efectos persistentes en la naturaleza, su bioacumulación en organismos vivos y los riesgos que implican para la salud humana. Según Berdegué, el caso del DDT resulta "increíble": pese a estar prohibido desde los años setenta en la mayoría de los países, en México su uso seguía siendo legal y recientemente fue detectado en abejas muertas por intoxicación en la región del Soconusco, lo que reveló la urgencia de cerrar esta brecha regulatoria.

Impactos en la salud, el ambiente y la producción

Entre los plaguicidas ahora vetados se encuentran sustancias con efectos graves y documentados. El Aldicarb, utilizado en caña de azúcar y cítricos, puede causar intoxicaciones agudas por simple contacto y contaminar fuentes de agua de consumo humano. El Carbofurano, aplicado en cultivos de café, algodón y aguacate, es considerado uno de los insecticidas más peligrosos del mundo y ya estaba prohibido en Canadá, la Unión Europea y con fuertes restricciones en Estados Unidos. El Endosulfán, por su parte, ha sido vinculado a malformaciones fetales, problemas neurológicos en bebés y persistencia en leche materna y alimentos.

Además de los riesgos sanitarios, estos productos generan una alta presión sobre los ecosistemas al afectar polinizadores, fauna silvestre y recursos hídricos. Su uso indiscriminado, sumado a la falta de controles efectivos en campo, había dejado en evidencia la necesidad de una medida que no solo proteja la salud de los trabajadores rurales y consumidores, sino también la biodiversidad que sustenta a la agricultura.

El decreto obliga a la Administración Pública Federal a revocar autorizaciones, registros y permisos relacionados con estas 35 sustancias, marcando un cambio de rumbo en la política agroquímica nacional. En paralelo, las secretarías de Agricultura, Salud, Medio Ambiente y Economía señalaron que se fomentará la entrada de alternativas de menor riesgo y más accesibles para los productores, con el objetivo de no afectar la productividad de pequeños y medianos agricultores.

Un proceso gradual hacia 2027

La prohibición actual es apenas el primer paso de una estrategia integral que busca transformar el modelo de manejo de plagas en México. Según Berdegué, ya se trabaja en una segunda lista de plaguicidas que será sometida a la consideración de la presidenta en el primer semestre de 2026, y se prevé una tercera lista en 2027. Esto permitirá un proceso de sustitución escalonado, en el que algunos productos permanecerán disponibles pero bajo una regulación mucho más estricta.

Cabe destacar que en esta primera lista no fue incluido el glifosato, uno de los herbicidas más controvertidos a nivel mundial. Su sustitución fue discutida en el sexenio anterior, incluso con propuestas técnicas del Conacyt, pero no se logró una eliminación definitiva. El gobierno actual dejó abierta la posibilidad de retomar el debate, aunque reconoció que la transición requiere alternativas viables y de bajo costo para los agricultores.

La decisión mexicana también se enmarca en compromisos internacionales asumidos por el país, como los Convenios de Estocolmo y Rotterdam, orientados a restringir contaminantes orgánicos persistentes y químicos peligrosos en el comercio global. Con ello, México busca reforzar su reputación en los mercados internacionales, donde la exigencia de productos más inocuos y trazables es cada vez mayor.

La prohibición de estos plaguicidas representa un giro hacia una agricultura más sostenible, donde la protección de la salud pública y de los ecosistemas se convierte en un pilar central de la política agroalimentaria. Para los productores, especialmente pequeños y medianos, el reto será adoptar nuevas prácticas de manejo integrado de plagas y acceder a insumos más seguros sin que esto signifique una carga económica excesiva.

La transición también abrirá oportunidades para la innovación, la biotecnología y el desarrollo de bioinsumos locales, lo que podría reducir la dependencia de químicos importados. El gobierno aseguró que trabajará de la mano con la industria fitosanitaria, centros de investigación y productores para facilitar el acceso a tecnologías más seguras, confiables y compatibles con los objetivos de exportación.

En palabras de Berdegué, "no se trata solo de prohibir, sino de generar un nuevo modelo de regulación, en el que los plaguicidas se usen con control estricto y bajo criterios de salud y sustentabilidad. No son aspirinas que se puedan aplicar sin consecuencias; cada molécula debe ser analizada con rigor".

Con este decreto, México marca un precedente regional y se coloca en la ruta de países que priorizan la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente por encima de la dependencia histórica de agroquímicos. El desafío, sin embargo, será garantizar que la transición no afecte la productividad agrícola ni los ingresos de los productores rurales, quienes representan la base de la cadena agroalimentaria nacional.

Tabla de plaguicidas prohibidos y sus principales usos agrícolas