México avanza con una fuerte restricción a plaguicidas y suma 61 químicos
El gobierno prepara un decreto para ampliar las prohibiciones mientras crece la presión por riesgos en salud, agua y producción apícola.
El gobierno federal de México avanza en la elaboración de un decreto que incorporará 61 plaguicidas al listado de sustancias prohibidas, en un contexto de creciente presión internacional y evidencias sobre sus impactos en la salud humana y el ambiente.
La iniciativa fue revelada por el Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, tras su reciente visita al país. Según el informe preliminar, la medida ampliaría el alcance de restricciones vigentes, aunque advierte que aún falta una Ley General de Plaguicidas que ordene criterios, definiciones y regulación integral sobre los llamados plaguicidas altamente peligrosos (PAPs).
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Actualmente, México cuenta con normas dispersas que regulan el uso de químicos en la producción agroalimentaria, pero no dispone de un marco unificado que contemple los riesgos acumulativos de estas sustancias.
El informe reconoce avances previos, como la restricción del glifosato en 2020 y 2023 y la prohibición de 35 plaguicidas en 2025. Sin embargo, el especialista plantea que el país debe avanzar hacia un esquema más estricto que incluya la prohibición de moléculas con impactos comprobados sobre la salud y los ecosistemas, como el fipronil, los neonicotinoides y el paraquat.
Uno de los focos de mayor preocupación es la Península de Yucatán, donde el uso intensivo de agroquímicos estaría generando efectos visibles sobre el ambiente y las comunidades rurales. El documento menciona la mortalidad masiva de abejas, un fenómeno que golpea directamente a la apicultura y compromete el equilibrio de los sistemas productivos.
A esto se suma la creciente dificultad de acceso a agua segura. En varias localidades, el agua de pozos tradicionales ya no sería apta para consumo humano, obligando a las familias a recurrir a agua embotellada, aunque incluso en este caso se han detectado rastros de plaguicidas como glifosato.
El relator también advierte sobre la falta de datos oficiales sistemáticos: no existe un monitoreo robusto de enfermedades asociadas a la exposición a plaguicidas, lo que ha llevado a comunidades a desarrollar sus propios relevamientos. En zonas de Campeche, por ejemplo, se reporta un aumento significativo de casos de cáncer.
El escenario regulatorio presenta además tensiones. Organizaciones civiles señalan que aún hay más de 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por Cofepris, de los cuales una parte significativa está prohibida en otros países.
En este marco, el posible decreto que amplía las prohibiciones aparece como un paso relevante, aunque insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral. Entre los puntos pendientes figura la implementación de compromisos internacionales, como la eliminación del clorpirifos, un insecticida de uso extendido con efectos neurotóxicos, especialmente en niños.
También se destaca la necesidad de mejorar los mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana, para conocer con precisión qué sustancias se utilizan, en qué cantidades y bajo qué condiciones.
El debate abre un nuevo capítulo en la política agroambiental de México, donde el desafío no solo pasa por restringir moléculas, sino por avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles, con menor dependencia de insumos químicos y mayor control sobre los impactos en la salud y los territorios.
