Debate por el agua en México: voces piden reformar la ley que favoreció a grandes capitales
La experta Leticia Merino advierte que el marco legal vigente permitió concesiones sin regulaciones estrictas, afectando comunidades rurales y ecosistemas.
El debate sobre el acceso al agua en México se reavivó tras las declaraciones de Leticia Merino, reconocida académica y activista, quien reclamó una reforma profunda a la Ley de Aguas Nacionales. Según Merino, el marco legal vigente -aprobado en los años noventa- habilitó un sistema de concesiones que benefició ampliamente a grandes capitales, dejando fuera a comunidades rurales, pueblos indígenas y pequeños productores.
"Es necesario cambiar la ley que entregó concesiones sin regulación efectiva, ni criterios de equidad social o ambiental", sostuvo Merino, señalando que este modelo permitió la sobreexplotación de acuíferos y el deterioro de ecosistemas estratégicos, comprometiendo el derecho humano al agua.
La académica explicó que el actual esquema prioriza el interés de grandes corporaciones sobre el uso comunitario y social del recurso, generando conflictos y desigualdades en zonas rurales y periurbanas. En varias regiones de México, la competencia por el agua enfrenta a comunidades campesinas con empresas agroindustriales y extractivas, profundizando tensiones y afectando el desarrollo local.
Organizaciones sociales y expertos en políticas hídricas coinciden en que la concentración del agua en pocas manos amenaza no solo la sostenibilidad ambiental, sino también la seguridad alimentaria y la cohesión social en amplios territorios del país. Además, advierten que los fenómenos de sequía prolongada y el cambio climático vuelven urgente una gestión más responsable, transparente y participativa.
Merino propuso que la nueva normativa reconozca el agua como un bien público estratégico y establezca criterios claros para la asignación de derechos de uso, con énfasis en la protección de comunidades vulnerables y en la recuperación de ecosistemas acuáticos. También planteó la necesidad de robustecer los mecanismos de vigilancia y sanción, para evitar abusos y garantizar el cumplimiento de las concesiones.
Los reclamos encuentran eco en múltiples movimientos ciudadanos y académicos, que desde hace años exigen una transformación de la gobernanza hídrica mexicana. Algunos colectivos subrayan que el problema no es solo legal, sino también institucional, ya que las autoridades enfrentan limitaciones para fiscalizar y sancionar irregularidades, dejando zonas grises que aprovechan los grandes actores económicos.
El derecho humano al agua, consagrado constitucionalmente en México desde 2012, se enfrenta así a la paradoja de un marco concesional que, en los hechos, ha priorizado la rentabilidad de proyectos industriales y agrícolas de gran escala. Esto contrasta con las necesidades de miles de comunidades rurales que dependen del agua para su subsistencia y que hoy padecen carencias e incluso conflictos por el recurso.
Expertos advierten que la reforma legal debe ir acompañada de recursos financieros y técnicos, para asegurar el monitoreo efectivo y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. De lo contrario, sostienen, cualquier cambio normativo quedará en letra muerta frente al poder de los grandes intereses económicos.
El llamado a cambiar la Ley de Aguas refleja la tensión histórica entre desarrollo, equidad y sustentabilidad en la gestión de los recursos hídricos de México. Con el impacto del cambio climático cada vez más palpable, los desafíos para garantizar un acceso justo, equitativo y ambientalmente responsable al agua serán decisivos para el futuro del país y el bienestar de millones de personas.