El sector limonero de Michoacán, uno de los principales polos agrícolas de México, atraviesa una crisis sin precedentes marcada por la violencia y las extorsiones del crimen organizado. El reciente asesinato del productor y activista Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, dejó al descubierto la red de cobros ilegales que los cárteles imponen a los agricultores de la región.

Bravo fue hallado muerto con un disparo en la cabeza cerca de Apatzingán, días después de haber denunciado públicamente las extorsiones y de convocar a protestas por los bajos precios pagados a los productores. En las manifestaciones, los agricultores arrojaron limones a las calles y propusieron reducir la cosecha a tres días por semana para estabilizar los precios en el mercado interno.

Un "impuesto" criminal sobre cada kilo cosechado

Los productores aseguran que los grupos armados exigen actualmente cuatro pesos mexicanos (US$ 0,22) por cada kilo de limón cosechado, el doble de lo que se cobraba hace algunos años. "Antes nos quitaban diez o cincuenta centavos, una cuota modesta. Ahora es el doble, y quien no paga, desaparece", relató Antonio Mendoza, agricultor de la zona.

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán advierte que la extorsión se ha vuelto más rentable que el narcotráfico. "No se necesitan precursores ni laboratorios, solo miedo. Y el miedo produce dinero", explicó Julio Franco, investigador del observatorio, quien además señaló que el sistema de cuotas ya se extendió a otros productos básicos como tortillas, huevos, leche y alcohol.

Según estimaciones locales, los cárteles controlan un "impuesto" de cuatro pesos por kilo de limón, lo que equivale a unos US$ 217 millones anuales. Michoacán produjo más de un millón de toneladas de limón en 2024, posicionándose como el mayor productor nacional. Sin embargo, los precios agrícolas varían drásticamente: en los picos de escasez el precio al consumidor puede aumentar un 153 %, mientras que los productores reciben apenas cinco o seis pesos por kilo (US$ 0,28-0,33).

El dominio de los cárteles en el campo michoacano

Los grupos Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputan el control territorial en Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, miembros de Los Viagras estarían involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo. El grupo, liderado por Nicolás Sierra Santana ("El Gordo"), es considerado uno de los principales operadores del cobro de cuotas en la región. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones por su captura.

En el territorio limonero, el control criminal no se limita al cultivo. Las organizaciones dominan la distribución, el transporte y la venta local, imponiendo pagos obligatorios a cada eslabón de la cadena. Esto ha transformado al sector agrícola en una fuente de ingresos para el crimen organizado, desplazando incluso a la producción de drogas como principal motor económico en zonas rurales.

El asesinato que quebró el silencio

Para los agricultores, el homicidio de Bravo fue un golpe que paralizó la esperanza de resistencia. El dirigente se había convertido en un símbolo de la defensa del campo michoacano, exigiendo seguridad, precios justos y libertad para trabajar sin miedo.

"Las cuotas seguirán, y los únicos que llorarán su muerte serán su esposa y su hijo", lamentó el legislador local Guillermo Valencia, quien había apoyado las iniciativas del dirigente para proteger a los productores frente a los cárteles.

Sin embargo, entre los agricultores persiste un sentimiento de valentía frente al terror. "Es hora de hablar. Bernardo murió por algo, y no debe quedar impune", afirmó Mendoza, productor de Apatzingán, al tiempo que pidió mayor protección estatal y justicia para su colega asesinado.

Violencia rural y colapso productivo

El conflicto en Michoacán refleja la intersección entre economía agrícola y violencia criminal. El limón, producto emblemático de la región y esencial en la canasta mexicana, se ha convertido en moneda de control territorial.

La presencia del crimen organizado ha encarecido los costos de producción, erosionado las ganancias de los pequeños agricultores y generado migraciones rurales en busca de seguridad. A su vez, las empresas empacadoras y exportadoras enfrentan riesgos logísticos crecientes y dificultades para operar con normalidad.

En este contexto, organizaciones agrícolas y defensores de derechos humanos piden intervención urgente del Estado mexicano, políticas de seguridad rural y mecanismos de trazabilidad económica que permitan reducir la dependencia de los agricultores frente a los grupos armados.

Mientras tanto, en el Valle de Apatzingán, los productores continúan cosechando bajo amenaza, intentando sostener un negocio que se ha vuelto tan peligroso como necesario. El limón, símbolo del trabajo rural mexicano, se ha transformado en una víctima más de la violencia que domina el campo.