La producción de arroz en Panamá entra en una nueva etapa marcada por la necesidad de mejorar resultados en campo y sostener la actividad sin el respaldo de incentivos directos. En ese escenario, el programa "Panamá Crece en Arroz" articula a bancos, productores, aseguradoras, industria y proveedores tecnológicos con un objetivo concreto: elevar la eficiencia productiva y la rentabilidad del cultivo.

El esquema busca ordenar un sistema que durante años funcionó con bajo nivel de exigencia en términos de resultados. Con el nuevo enfoque, el acceso al financiamiento estará cada vez más vinculado al desempeño productivo, lo que obliga a los productores a adoptar mejores prácticas y herramientas.

Desde el sector privado, empresas como Conagro Semillas destacan que este tipo de iniciativas puede reactivar el vínculo entre la banca y el agro. El acceso al crédito, hoy condicionado por la rentabilidad, aparece como uno de los principales desafíos para los arroceros.

Uno de los pilares del programa es el acompañamiento técnico integral. La asistencia abarca todo el ciclo productivo, desde la preparación del suelo hasta la entrega del grano a la industria, con el objetivo de optimizar cada etapa del cultivo y reducir pérdidas.

A esto se suma un sistema de aseguramiento que contempla riesgos climáticos y biológicos, con coberturas de hasta US$ 2.000 por hectárea y primas que oscilan entre el 5% y 5,5%, lo que introduce una herramienta clave para estabilizar ingresos en un cultivo altamente expuesto a variaciones ambientales.

Otro componente relevante es el uso de tecnología satelital y análisis de datos, que permitirá monitorear lotes en tiempo real, mejorar la toma de decisiones y ajustar el manejo agronómico. La digitalización del cultivo apunta a reducir costos operativos y aumentar la eficiencia por hectárea.

El desafío productivo es claro. Panamá mantiene un rendimiento promedio de 100 quintales por hectárea, lejos de los 160 quintales necesarios para cubrir la demanda interna y reducir la necesidad de importaciones. Esta brecha explica por qué el país aún depende de contingentes de arroz del exterior para abastecer su consumo.

El cultivo tiene un peso significativo dentro de la economía agropecuaria, con una participación cercana al 7% del valor bruto de producción y un impacto directo sobre el empleo rural, donde involucra a unas 20.000 personas.

Uno de los cambios estructurales que promueve el programa es la adopción de semillas certificadas, todavía ausentes en cerca de un tercio de la superficie cultivada. El uso de semillas no certificadas limita el potencial productivo y afecta la estabilidad de los rendimientos, por lo que su reemplazo es considerado un paso necesario para mejorar la competitividad del sector.

Además, se plantea una transformación en el sistema de producción, con mayor foco en el arroz bajo riego. Actualmente, gran parte de los productores trabaja en condiciones de secano, lo que los expone a la variabilidad climática. Sin embargo, el país cuenta con precipitaciones anuales de entre 2.500 y 3.000 milímetros, un recurso que, según los especialistas, podría aprovecharse mejor mediante infraestructura de almacenamiento y gestión del agua.

La actividad arrocera se concentra en más de 1.600 productores, distribuidos principalmente en Chiriquí, Panamá Este, Coclé y Veraguas, regiones donde el cultivo tiene un rol clave en la economía local.

El avance de este programa marca un cambio en la lógica productiva: pasar de un esquema sostenido por incentivos a uno basado en eficiencia, tecnología y acceso a financiamiento. La capacidad del sector para adaptarse a este nuevo modelo será determinante para definir su futuro en los próximos años.