Productores del norte de Chile advierten pérdidas productivas y económicas por demoras en los permisos del SAG para cosechar y trasladar fruta, en medio de la emergencia sanitaria por la mosca de la fruta en la provincia del Limarí. La situación se registra en plena campaña 2026 y afecta directamente a cultivos sensibles a los tiempos de cosecha, como paltas y cítricos.

El reclamo apunta a que los procesos de autorización se estarían extendiendo más allá de lo previsto, generando sobre maduración de la fruta y dificultades para su comercialización. En algunos casos, los retrasos ya se tradujeron en pérdidas concretas de producción e ingresos.

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Uno de los casos es el de un productor del valle del río Mostazal, quien reportó pérdidas de entre 2.000 y 2.400 kilos de paltas, tras esperar cerca de un mes la autorización para cosechar. Cuando el permiso fue otorgado, parte de la fruta ya no tenía condiciones comerciales.

La situación no sería aislada. Desde otras zonas productivas, agricultores sostienen que la fruta sigue su ciclo mientras los trámites avanzan, lo que impacta directamente en su valor. En cítricos, también se reportaron pérdidas de miles de kilos por no poder salir a mercado a tiempo.

Tiempos sanitarios y presión sobre la producción

Dirigentes agrícolas advierten que el problema tiene un efecto más amplio que el caso puntual de cada predio. La demora en los permisos limita la capacidad de venta y reduce los ingresos de las familias rurales, especialmente en el segmento de pequeños productores.

Cuando la fruta no se cosecha o no se traslada en el momento adecuado, pierde calidad y precio. El margen comercial se reduce rápidamente y, en algunos casos, desaparece por completo, lo que agrava el impacto económico.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero reconocieron que los tiempos de autorización se vieron afectados en las últimas semanas. La autoridad explicó que el aumento en la presencia de la plaga obligó a reforzar los controles, lo que derivó en una acumulación de solicitudes.

Los procedimientos incluyen monitoreo, instalación de trampas y análisis técnicos que varían según la ubicación del predio y el nivel de riesgo sanitario. En condiciones normales, los plazos oscilan entre tres y diez días, pero la carga operativa reciente generó retrasos adicionales.

El organismo indicó que ya se están implementando ajustes para agilizar los procesos, mediante el refuerzo de equipos y mejoras en la gestión de autorizaciones. También recomendó a los productores iniciar los trámites con mayor anticipación, idealmente entre 30 y 45 días antes de la cosecha.

El punto de tensión sigue abierto. Mientras el control sanitario busca proteger el estatus fitosanitario del país, los productores advierten que los tiempos actuales están afectando directamente la producción y la rentabilidad, en una campaña donde cada día cuenta para llegar a mercado en condiciones óptimas.