El desierto de Ica y otras zonas áridas de la costa peruana protagonizan una de las transformaciones agrícolas más comentadas de América Latina. Territorios que décadas atrás mostraban apenas arena y vientos permanentes hoy concentran cultivos intensivos de arándanos, uvas, espárragos y mangos, abasteciendo a Estados Unidos, Europa y Asia.

El crecimiento de la superficie cultivada se aceleró desde los años noventa, configurando un corredor agroexportador que batió récords en 2024, cuando las ventas externas del sector alcanzaron US$ 9.185 millones, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Entre 2010 y 2024 el sector creció a un ritmo promedio del 11% anual, consolidando a Perú como un proveedor estratégico en ventanas climáticas donde el hemisferio norte enfrenta restricciones.

Un despegue basado en tecnología e inversiones

El despegue comenzó con las reformas económicas de los años noventa, que facilitaron la llegada de capital privado y tecnologías como riego por goteo, ingeniería hidráulica y mejoramiento genético, clave para incorporar cultivos antes inexistentes en el desierto.

Con estas inversiones, la superficie agrícola de la costa se incrementó cerca de 30%, y regiones como Ica y Piura se consolidaron como polos de producción y exportación. El dinamismo también reconfiguró la economía regional, impulsando el empleo formal en zonas históricamente dominadas por la informalidad.

Beneficios desiguales y tensiones sociales

Si bien el modelo agroexportador generó miles de empleos y nuevos ingresos, sus beneficios no llegaron por igual. Pequeños agricultores enfrentan mayores costos laborales y dificultades para competir por recursos básicos, especialmente el agua. En varias zonas, la presión económica derivó en cambios de propiedad de tierras y en una modificación profunda de los sistemas productivos tradicionales.

Este nuevo esquema consolidó a grandes empresas agroindustriales como protagonistas de la actividad, modificando la estructura social y productiva en amplios territorios.

El agua, centro de la tensión ambiental

El principal eje de conflicto es la disponibilidad de agua, un recurso escaso en regiones donde las lluvias son mínimas y la población depende en muchos casos de camiones cisterna para abastecerse. Mientras tanto, las grandes empresas agrícolas acceden a pozos profundos y a trasvases desde otras cuencas.

La caída sostenida de los niveles freáticos, reportada desde hace más de una década, mantiene en alerta a productores locales y comunidades. La perforación creciente de pozos y el uso intensivo del recurso amplían la brecha social y cuestionan la sostenibilidad del modelo.

La continuidad del boom agroexportador dependerá de la capacidad del país para administrar sus recursos hídricos. Sin políticas que garanticen el abastecimiento humano, la protección de ecosistemas y la recarga de acuíferos, el sector podría enfrentar límites naturales difíciles de revertir.

Especialistas advierten que el tema suele reaparecer en campañas electorales, pero sin avanzar hacia reformas estructurales que equilibren producción, territorio y bienestar social.

El debate actual impulsa iniciativas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sector. La adopción de tecnologías de riego eficiente reduce la presión sobre los acuíferos y disminuye pérdidas en zonas áridas. La gestión responsable del recurso hídrico favorece la salud del suelo y la conservación de humedales y ecosistemas costeros.

La transición hacia modelos productivos sostenibles también puede fortalecer las economías locales, ampliar el empleo formal e incrementar la seguridad hídrica de la población. En el largo plazo, una agroindustria ambientalmente responsable aumenta la resiliencia climática y protege los recursos estratégicos del país.