Brasil oficializó esta semana el Plan Safra 2025/26 destinado a la agricultura familiar, con un volumen histórico de recursos que alcanza los 78.200 millones de reales. Este monto supone un aumento significativo frente a ciclos anteriores, reflejando la prioridad que el Gobierno otorga a la inclusión productiva de los pequeños agricultores. Sin embargo, la noticia llegó acompañada de la confirmación de tasas de interés más elevadas, lo que generó reacciones encontradas entre los beneficiarios.

El ministro de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar subrayó que el Plan Safra busca "garantizar alimentos en la mesa del pueblo brasileño" y fortalecer la economía rural a través de líneas de financiamiento específicas para siembra, ganadería, infraestructura y modernización tecnológica. Dentro del paquete, también se contempla un refuerzo para la asistencia técnica y programas de sostenibilidad ambiental, apuntando a reducir la dependencia de insumos importados y mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

No obstante, las tasas de interés subieron en relación con años anteriores. Para la producción de alimentos básicos, el financiamiento tendrá intereses del 5% anual, mientras que para otras actividades puede alcanzar el 6%. Muchos agricultores familiares expresaron su inquietud ante estos valores, ya que la inflación de insumos y combustibles viene presionando sus márgenes de rentabilidad, dificultando el pago de créditos más costosos.

Representantes de cooperativas rurales señalaron que si bien el volumen global de recursos es positivo, la accesibilidad real podría verse afectada si no se flexibilizan condiciones de pago y plazos. Además, alertaron que las tasas más altas podrían desalentar proyectos de inversión en tecnología, riego o renovación de maquinarias, todos aspectos clave para la competitividad del campo familiar.

Expertos en crédito rural advierten que el escenario internacional de altas tasas de referencia, sumado al déficit fiscal del país, explican la decisión del Gobierno de ajustar los costos financieros, pero coinciden en que sería necesario acompañar la medida con más subsidios o garantías para los agricultores más vulnerables.

El Plan Safra 2025/26 también contempla recursos para políticas de igualdad de género, incentivos a la agricultura de transición agroecológica y apoyos diferenciados para pueblos originarios y comunidades quilombolas. Estas acciones buscan ampliar el impacto social de la inversión y generar oportunidades para segmentos históricamente excluidos del crédito rural formal.

Brasil tiene cerca de 4 millones de familias dedicadas a la agricultura familiar, responsables de alrededor del 70% de los alimentos que se consumen en el país, según datos oficiales. Por eso, analistas remarcan que sostener su acceso al financiamiento es estratégico no solo para la seguridad alimentaria, sino también para dinamizar las economías locales y mitigar la migración rural-urbana.

En los próximos meses, se espera que entidades financieras, cooperativas de crédito y agentes técnicos desplieguen campañas informativas para que los productores puedan comprender a fondo los requisitos, plazos y garantías exigidas. La transparencia en la gestión y la rapidez en la liberación de los recursos serán claves para que el Plan Safra cumpla efectivamente sus metas y no termine generando cuellos de botella.

El Plan Safra 2025/26 para la agricultura familiar representa una inversión sin precedentes en términos nominales, pero llega acompañada de un desafío: lograr que el crédito sea verdaderamente accesible, en un contexto de costos crecientes y márgenes estrechos. El equilibrio entre recursos abundantes y condiciones razonables será el gran reto de los próximos meses para asegurar la producción de alimentos y el bienestar de millones de familias rurales brasileñas.