La Comisión Europea presentó nuevas medidas destinadas a proteger a los agricultores europeos ante una eventual oleada de importaciones desde los países del Mercosur, en el marco de los esfuerzos por lograr apoyo político y social para la ratificación del acuerdo comercial entre ambos bloques.

El tratado, que involucra a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, prevé la eliminación gradual de aranceles sobre casi todos los productos en un plazo de 15 años. De ser aprobado por la Unión Europea y el Mercosur, el acuerdo daría origen a una zona de libre comercio que abarcaría 780 millones de personas, equivalente a casi una cuarta parte del PIB mundial.

Sin embargo, el pacto enfrenta fuerte resistencia del sector agropecuario europeo, especialmente entre productores de carne, lácteos y granos, que temen una competencia desleal por parte de las exportaciones sudamericanas.

Bruselas promete mecanismos rápidos contra daños económicos

Las nuevas disposiciones publicadas por la Comisión establecen que los agricultores europeos podrán presentar quejas formales ante un aumento de importaciones o una caída injustificada de precios. En esos casos, el organismo deberá abrir una investigación inmediata y, de comprobarse un perjuicio serio, suspender temporalmente las preferencias arancelarias del acuerdo.

"En el improbable caso de un aumento imprevisto y perjudicial de las importaciones o una baja indebida de precios para los productores europeos, se activarán protecciones rápidas y efectivas", indicó el comunicado oficial.

Según el texto, las investigaciones se iniciarían si los precios de importación desde el Mercosur son al menos un 10% inferiores a los de productos similares de la UE. Además, el documento contempla cláusulas específicas de protección para sectores sensibles como la carne vacuna, los huevos y el etanol, históricamente señalados como los más vulnerables ante la competencia sudamericana.

El acuerdo, cerrado en diciembre tras casi 25 años de negociaciones, debe ser aprobado por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y por el Parlamento Europeo, un proceso que podría extenderse durante 2025.

No obstante, el malestar del campo europeo se mantiene. Las protestas de agricultores en París, Bruselas, Ámsterdam y Madrid marcaron el último año, en medio de reclamos por subsidios, exceso de burocracia y competencia externa. El descontento fue capitalizado por partidos de derecha y extrema derecha, que lograron avances electorales al canalizar las demandas rurales.

En febrero pasado, la Comisión prometió reducir la carga administrativa para los productores y revisar la distribución de los 50.000 millones de euros en subsidios agrícolas anuales que se reparten en el bloque.

La agricultura ocupa un papel central en la economía y la cultura europea: el bloque exportó 235.400 millones de euros en productos agroalimentarios en 2024, desde el jamón español y el vino francés hasta los lácteos neerlandeses y las aceitunas griegas.

Los defensores del acuerdo sostienen que el tratado ahorraría a las empresas europeas más de 4.200 millones de dólares anuales en aranceles, además de simplificar trámites y abrir mercados estratégicos para productos como vino italiano, automóviles alemanes y maquinaria europea.

Sin embargo, los críticos -especialmente en Francia, Países Bajos e Irlanda- advierten que el pacto expondrá a los productores locales a una competencia desigual, dado que los estándares ambientales y laborales del Mercosur son distintos, y podría incrementar la presión sobre los ecosistemas sudamericanos.

El debate vuelve a colocar en el centro la tensión entre la apertura comercial y la sostenibilidad, en un contexto de creciente polarización política en Europa.
Mientras Bruselas busca blindar a sus agricultores con nuevas garantías, los países del Mercosur observan con cautela el desenlace de un acuerdo que podría redefinir el comercio agrícola transatlántico.